Sueño o pesadilla:
Cada uno de los incontables informes elaborados por la Contraloría General de la República y/o el Órgano de Control Institucional, todos ellos con relación a las ejecución de obras y demás acciones que realiza el gobierno regional de Ancash y sus diferentes unidades ejecutoras, hasta hoy no es otra cosa que un destape de irregularidades, deficiencias y cosas negativas, con ribetes de escándalo.
Que sepamos, ninguno de estos informes habla de un trabajo eficiente y menos de logros plenamente satisfactorios. Nada que ver. Todos los informes hablan de cosas negativas. De ahí que, según el Portal de Transparencia Económica del MEF, la región Ancash ocupe por segundo año consecutivo el último lugar de la tabla en ejecución presupuestal y, en cambio, se mantenga indestronable en el primer puesto en delitos de corrupción.
Es comprensible por eso que estos resultados, advertidos hasta el cansancio por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional, hayan terminado por sacar de sus casillas a los jerarcas que de la actual gestión regional. En vez de optar por una rectificación y un saludable propósito de enmienda, han hecho lo contrario. Han decidido cerrar el Órgano de Control Institucional, como si con eso van a tapar el sol con un dedo. Sin duda, creen a pie juntillas en aquel viejo refrán según el cual muerto el perro se acabó la rabia. No saben lo equivocados que están.
En una decisión que no fue oportunamente difundida, el pleno del Consejo Regional ha aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en el cual el Órgano de Control Institucional ha sido eliminado del organigrama de la institución. Y para que esta decisión quede completamente oleada y sacramentada, han ordenado su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Para eso, son buenos.
Sin embargo, la reacción de la Contraloría no se ha hecho esperar. En su informe N°23626, advierte que el ROF, aprobado en gallos y medianoche, vulnera el Art. 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
Según este dispositivo “las entidades públicas y las empresas donde el estado tenga una participación total o mayoritaria, tendrán necesariamente un Órgano de Auditoría Interna, ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructuras de la entidad”. Más claro ni el agua. Por principio jurídico, una decisión del gobierno regional no puede estar por encima de un mandato legal.
En todo caso, lo que ha hecho el gobierno regional de Ancash es deshacerse de una instancia de control institucional que le es incómoda porque le recuerda a cada momento lo que debe o no debe hacer. Esta actitud de intolerancia, propia de regímenes totalitarios, pinta de cuerpo entero a la actual gestión regional como un gobierno que no soporta que le digan la verdad.
La Contraloría General de la República, le ha recomendado al gobernador regional Koki Noriega Brito, enmendar esta decisión. Ancash no puede estar en manos de un gobierno regional descontrolado.