Hoy sesionan:
El predictamen de la ‘Ley de reforma constitucional para promover organizaciones políticas de alcance nacional’ es el segundo punto de agenda de grupo de trabajo que preside la congresista Martha Moyano. Ante ello, la Asociación de Movimientos Regionales mostró su enfático rechazo.
La Comisión de Constitución del Congreso de la República ha convocado a sesionar a todos sus miembros para ehoy martes 21 de noviembre, reunión donde serán tratados cuatro temas importantes, uno de ellos el debate y votación del predictamen de la ‘Ley de reforma constitucional del artículo 35 de la Constitución Política del Perú, para promover organizaciones políticas de alcance nacional’.
Este predictamen es el resultado de la unión de tres proyectos de ley (N° 599/2021, N° 3496/2022 y N° 4657/2022) que tienen por finalidad común la eliminación de los movimientos regionales de la vida política del país y permitir que solo los partidos políticos nacionales y las alianzas entre estos puedan tener participación en eventuales elecciones.
La cuestión de los movimientos regionales
Los congresistas impulsores de los proyectos de Ley, Héctor Valer (Somos Perú), así como Darwin Espinoza y Wilson Soto (Acción Popular), coinciden en que el artículo 35 de la Constitución en lo referido a Organizaciones Políticas debe señalar que “los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos o alianzas conforme ley”. “Tales organizaciones concurren a la información y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica”, se señala.
Los autores sostienen que los movimientos regionales “no han contribuido con la estabilidad democrática porque no fomentan los valores democráticos ya que su finalidad radica en la participación en el proceso electoral, más no en la formación de sus integrantes, prueba de ello es que diversas autoridades regionales han sido sentenciadas por actos de corrupción, lo que debilita el sistema democrático”, señala el documento.
Además, agregan que con la conformación de estos movimientos regionales “surgieron nuevos líderes políticos que, lejos de tener una ideología definida, con el transcurrir de los años han desvirtuado el sentido, esencia y el objeto de la política, transformando el sentido de la creación de los movimientos para convertirlos en una especie de trampolín, con el fin de que sus líderes y su entorno cercano, lleguen a ocupar cargos de representación local y regional con intereses particulares antes que sociales”.
También consideran que estos “líderes y militantes no tienen una ideología política definida, una visión de fortalecimiento institucional, un plan de trabajo político a mediano y largo plazo, obedeciendo su creación más a fines comerciales, temporales, con el objetivo de poder participar en las comicios electorales en casos comercializando las candidaturas”.
Como ejemplo de lo antes mencionado, presentan un reporte de la Contraloría General de la República que da cuenta de que el porcentaje de las autoridades pertenecientes a movimientos regionales tienen mayor incidencia de actos de corrupción y muestran una lista de diecisiete autoridades regionales con sus respectivos delitos donde destacan la colusión, negociación incompatible, usurpación de funciones, malversación de fondos y hasta lavado de activos.
Asimismo, la propuesta legislativa advierte que suspender a los movimientos regionales “no significa un límite a la participación política”. Ante ello, el argumento es que justamente quedan los partidos de ámbito nacional para que, mediante ellos, toda persona natural ejerza ese derecho.
También se basan en que “si bien los movimientos regionales han obtenido un mayor éxito que los partidos políticos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, eso no significa que sean instituciones democráticas representativas, por el contrario, como informa el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se tiene que 120 movimientos regionales perderán su inscripción al no haber obtenido al menos un consejero regional y el 8% de los votos válidos en la zona electoral en la que participó”, señala el predictamen.
La respuesta de los movimientos regionales
Todo proyecto que pretende convertirse en ley debe recibir las opiniones técnicas de especialistas en la materia o personas y/o asociaciones directamente afectadas por la propuesta.
En este caso, el predictamen que será debatido y votado según la agenda de la Comisión de Constitución recogió opiniones de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de instituciones civiles como Idea Internacional, de expertos en derecho constitucional y electoral; así como de instituciones como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
La mayoría de las opiniones advierte del riesgo de la vulneración del derecho de participación en la vida política a escala regional. Pero el predictamen no recoge la opinión de los directamente afectados: los movimientos regionales, quienes a su vez están organizados y representados por la Asociación de Movimientos Regionales.
Cabe tener en cuenta que a la fecha son aproximadamente más de 70 los movimientos regionales políticos a nivel nacional. Además, partidos nacionales como Somos Perú (que promueve esta reforma constitucional) no lograron presentar candidatos en todas las regiones en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022.