Cien por ciento cierto:
El hecho que el número de obras públicas paralizadas continúe en aumento, no se debe a la falta de control y decisión por corregir las cosas. Tal incremento, que tanto daño le ocasiona al país, se debe exclusivamente a fallas del sistema de justicia. Hasta donde se puede apreciar, éste no cumple con aplicar las sanciones correspondientes y permite, según sea el caso, que muchos funcionarios públicos cuya participación ha sido plenamente identificada en estos casos, se mantengan en sus puestos, cobrando un sueldo del estado.
Varios de estos casos, aparentemente inverosímiles, han tenido lugar en Chimbote. Uno de ellos es la obra del canal San Bartolo ejecutada por el gobierno regional de Ancash. En el 2010 ésta se inició con un presupuesto de 17 millones de soles, pagándose finalmente por ella la astronómica suma de 36 millones, más del doble, a pesar que con un retraso de dos años el canal no fue concluido en su totalidad.
Pero no obstante que la obra aún se encuentra en proceso de investigación fiscal, en el 2019, durante la gestión del ex gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, uno de los principales involucrados, el canal fue concluido entre gallos y medianoche con el inocultable propósito de borrar la huella del delito. Hasta hoy el Ministerio Público no ha dicho una sola palabra al respecto.
Otro de los casos, igualmente escandalosos, es el que viene sucediendo con la obra del hospital El Progreso, que ejecuta el Programa Nacional de Infraestructura de Salud, PRONIS. Dos veces licitada y con el otorgamiento de adelantos que bordean los 40 millones de soles, a más de dos años de haberse iniciado, la obra se mantiene paralizada con apenas el 10 por ciento de avance.
Pero como si esto no fuera suficiente, ante la desconcertante inoperancia del PRONIS, el segundo contratista ha acudido a un arbitraje judicial con la finalidad de hacerse indemnizar por el estado…¡ por presuntos daños y perjuicios!. ¿Ý quién saca la cara por la población que desde hace veinte años viene luchando por esta obra y ahora no tiene a quién reclamar?.
Como hemos informado en nuestra edición de ayer, en la Conferencia Internacional por la Integridad “Frenando la Corrupción. Estrategias de Investigación y Sistema de Sanción”, el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, ha puntualizado que la principal tarea pendiente que tiene el país es evitar que los casos de corrupción queden impunes y exigir que las autoridades correspondientes apliquen sanciones efectivas contra los autores y los responsables de estos actos.
Nelson Shack ha señalado asimismo que de los 15 mil informes de control que se registró en el 2017, este año dicha cifra se ha elevado a 45 mil, el triple. Lo que pone de manifiesto el temible avance de la corrupción ante la tímida falta de sanción. “Algo tan o más perverso que la corrupción, es la impunidad” ha sostenido el contralor. Y razón no le falta. No sancionar la corrupción equivale a estimularla.
El panorama es desalentador. Son miles los casos de corrupción e inconducta funcional que se denuncian a diario, incluso con responsables plenamente identificados. Aun así, las investigaciones no avanzan y éstos últimos continúan laborando en la administración pública, como si nada hubiera pasado. Ante las expectativas de la ciudadanía nacional, situaciones como ésta crean desaliento, malestar y desconfianza en la ciudadanía.
Como bien lo ha señalado el Contralor de la República, la impunidad está conduciendo a la población nacional a resignarse a sufrir el daño económico, político y social que causa la corrupción, como si la destrucción de la sociedad nacional fuese en este momento un mal inevitable. Las autoridades encargadas de administrar justicia, tienen que entender que, peor que convivir con la corrupción, es no sancionar a los corruptos.