El Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1605, que optimiza el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en el marco de las facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana.
Para ello, efectúa modificatorias a diferentes artículos del nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N.° 957.
Entre otros cambios, establece que, en los casos en los que se amenace la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima de un hecho delictivo, el Ministerio Público emite la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares dentro de las 24 horas de comunicada la noticia criminal, remitiéndola dentro de ese mismo plazo a la Policía.
Además, el dispositivo modifica el plazo de la detención policial, el cual será ahora de 48 horas y ya no de 24, como establece actualmente la norma procesal.
De igual modo, se establecen cambios a los requerimientos de levantamiento del secreto de las comunicaciones y secreto bancario, en los casos en que se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima.
En ese sentido, se señala que el fiscal, por solicitud propia o a pedido de la Policía Nacional, podrá requerir la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones o secreto bancario, según corresponda, dentro de las 24 horas al juez penal, bajo responsabilidad funcional.
En caso de ser procedente, el magistrado debe solicitar de manera directa la información a las operadoras de telefonía o entidades del sistema financiero que correspondan. Asimismo, ordenará que sea remitida al fiscal y a la unidad policial a cargo de la investigación, en un plazo no mayor a 24 horas.
El decreto establece además que las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones que operan en el país están obligadas a brindar las facilidades, en forma inmediata, para la intervención, grabación o registro de las citadas comunicaciones, que incluye la geolocalización, dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento.
Para ello, deberán acondicionar y adecuar su tecnología para la conectividad automatizada con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional, agrega la norma.
El dispositivo lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte; el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Torres; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. (Andina)