Intervendrá en caso Rico Chimbote:
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales va a intervenir en el caso del Rico Chimbote porque existe un Convenio Interinstitucional entre esa entidad del Estado y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, que fue firmado por Crescencio Domingo Caldas Egúzquiza, el 22 de febrero del 2022 y que tiene vigencia por dos años, por lo tanto, vence el 22 de febrero del 2024; por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), firmó Cyntia Rudas Burga.
El secretario general de la urbanización Santa Cristina, Ronald Rubiños Guanilo manifestó que la SBN va a intervenir en este caso, pues ellos lo han solicitado a raíz del conocimiento que han tomado, que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote firmó dos Convenios Interinstitucionales entre ambas entidades del Estado. El primero de ellos se firmó el 17 de septiembre del 2019 y el segundo el 22 de febrero de dos años y hoy en día está vigente.
Los convenios, que obran en nuestro poder, tienen como objetivo la protección y la cautela de los predios del Estado y que las partes se comprometen a una serie de acciones como la SBN, que no solo proporciona información técnica; sino también capacita al personal de la municipalidad en temas relacionados al Sistema Nacional de Bienes Estatales, mientras que la municipalidad está comprometida a realizar las inspecciones técnicas de los predios de dominio público o privado del Estado, ubicados en su jurisdicción y a ejercer a través de su Procurador Público la representación y defensa jurídica del Estado ante las órganos administrativos, Ministerio Público, Policía Nacional; así como interponiendo denuncias penales, recuperaciones en flagrancia y recuperaciones extrajudiciales al amparo de la Ley N° 302030.
Rubiños Guanilo puntualizó que la SBN tiene pleno conocimiento de lo que está sucediendo con el expediente en el caso Rico Chimbote y, donde los vecinos de la urbanización Santa Cristina han realizado a través de su persona, los pedidos para el desalojo de ese restaurante que ocupa un área pública en las esquinas de las avenidas Brasil y Anchoveta.
Sobre la actualidad del expediente, dijo que él ha solicitado mediante la Ley de Transparencia de la Información, los informes jurídicos y el del gerente municipal que fueron elaborados antes que llegue a la Procuradora, donde se encuentran en estos momentos. También manifestó que, a través de su abogado, van a seguir realizando las gestiones para que se produzca el desalojo.