Por: Fernando Zambrano / Analista Político
Estamos ante un Congreso de la República que, pese a la debilidad moral e incapacidad de algunos de sus miembros, ha tenido la madurez política suficiente como para identificar puntos en común, y controlar la desestabilización política del país en momentos de crisis.
Hoy nos enfrentamos a otra crisis, pero esta vez del sistema de administración de justicia, la misma que es aprovechada por sectores “progresistas” para volver a desnudar sus intereses políticos, crisis que deberá ser resuelta nuevamente por el Congreso de la República, tanto por la vía de la fiscalización y el control político, como normativamente a través de una reforma.
Pero el hecho concreto es que en lo que va de este período parlamentario 2021-2026, con la alineación de intereses país entre grupos de derecha, centro e izquierda tradicional, y dejando de lado por el momento las legítimas agendas políticas de cada uno, se han logrado significativos avances en la defensa de la democracia y la recuperación de la institucionalidad, despolitizando instituciones fundamentales para la democracia y consolidando otras.
Dicho consenso también ha permitido aislar a quienes durante los últimos años han impuesto la agenda “progresista” del Foro de Sao Paulo, causante de las crisis políticas desencadenadas en el país.
Clara evidencia de este avance en la recuperación del Estado son las altas votaciones logradas en iniciativas impostergables, superando en todos los casos las votaciones mínimas requeridas de ochenta y siete votos.
* Incapacidad moral y vacancia del golpista Pedro Castillo (ochenta y siete votos).
* Sucesión constitucional ordenada de Dina Boluarte.
* Gobernabilidad y reconstrucción de relaciones con el Poder Ejecutivo.
* Control de Mesa Directiva del Congreso.
* Asamblea Constituyente fuera de agenda priorizada.
* Elección de Julio Velarde en el BCRP (ochenta y siete votos).
* Elección de miembros del Tribunal Constitucional (ochenta y siete votos).
* Elección del Defensor del Pueblo (ochenta y siete votos).
* Retorno a la Bicameralidad (ochenta y siete votos).
* Inhabilitación de Vizcarra.
* Inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Avalos.
* Reformas electorales que impedirán proliferación de organizaciones políticas de fachada, y primarias infiltradas obligatorias.
* Vía acción competencial se consiguió que el Tribunal Constitucional fije límites a las cuestiones de confianza con fines de disolución del Congreso, y a la intervención del Poder Judicial en procedimientos parlamentarios.
Por el hecho de aún no haberse dado solución a los problemas de la Junta Nacional de Justicia, no podemos lapidar a una de las instituciones que, pese a sus falencias, va por el camino correcto. Buscar conflictos internos por precariedad en la lectura política de parte de algunos congresistas es un craso error.
Sólo imaginemos qué sería del país si estuviéramos enfrentando una asamblea constituyente. Si no se hubieran conseguido los votos necesarios para vacar a Pedro Castillo, hoy estaríamos siendo gobernados por un dictador con poderes absolutos sobre el Ministerio público, el Poder judicial, el Tribunal Constitucional y todas las instituciones autónomas. Todo esto, más allá de la solidez democrática de nuestra Fuerzas Armadas, que se negaron a acatar las órdenes del aspirante a dictador.
Si no estamos ante un escenario tan desastroso, es gracias al Congreso de la República que vacó al golpista Pedro Castillo. En particular a los partidos políticos de derecha, centro e izquierda tradicional, que a través de sus líderes lograron lo impensable, confluir en función a intereses del país, dejando postergadas sus legítimas agendas políticas.
Pero esta historia aún no ha terminado, en los próximos días se anunciaría una Legislatura extraordinaria para abordar los temas pendientes referidos a las infracciones constitucionales en que habrían incurrido los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y su eventual destitución. En dicha Legislatura extraordinaria deberá abordarse el problema de fondo, la indebida instrumentalización de la institución con fines políticos.
El país no puede seguir con un sistema de administración de justicia politizado, plagado de jueces y fiscales pusilánimes que fungen de operadores políticos, y otros tantos que se dejan amedrentar o extorsionar, corrompiendo la función jurisdiccional. Esta tarea debe partir por una reforma integral de la Junta Nacional de Justicia, que vaya más allá de las personas y asegure pulcritud e independencia en su accionar a futuro.
La judicialización de la política es uno de los grandes males de este siglo a nivel internacional. Los órganos del sistema de administración de justicia no pueden seguir siendo instrumentos de venganzas o presiones políticas por parte de poderes fácticos o el poder político de turno. Es por ello que reviste de vital importancia fijar límites y responsabilidades a quienes tienen el alto encargo de administrar justicia en el país.
Se requiere una urgente e impostergable reforma de la Junta Nacional de Justicia, institución que tiene la importante labor de seleccionar y designar a quienes desde la magistratura administrarán la justicia en nombre de la Nación, seguida de otras tantas reformas en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Esperamos que en las primeras semanas del próximo año el Congreso de la República pueda sesionar, y abordar estos delicados temas con la urgencia que el caso amerita.