POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Un día después de navidad, la periodista Milagros Leiva contó en su programa de televisión que en el 2018, durante la diligencia de allanamiento a las oficinas del Instituto de Defensa Legal (IDL), el poderosísimo dueño de este medio, Gustavo Gorriti, dijo al Fiscal a cargo que en 5 minutos recibiría una llamada telefónica del Titular del Ministerio Público para exigirle el cese inmediato de dicha intervención, agregando que pasado el tiempo estimado, el magistrado Rodrigo Rurush fue comunicado directamente con Pablo Sánchez, quién lo amenazó diciéndole que si no suspendía de inmediato tal diligencia, se atenga a las consecuencias. Literalmente, toda una bomba noticiosa. Al día siguiente, Gorriti Ellenbogen reaccionó culpando a un sector político afín con la recientemente suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides; es decir, para el opulento hombre de negocios túrbidos todo esto no es más que una calumnia. ¿Será cierto esto último?. Veamos.
Cada vez que se trata de investigaciones relacionadas con el Parlamento, Ejecutivo, aprismo, fujimorismo, etc., el IDL, junto a sus áulicos caviares, tejen mil y una intrigas, utilizando para ello toda la maquinaria periodística; es decir, desde las redes sociales, hasta medios de prensa escrita, radial y televisiva. Y lo dicen y repiten con tanta intensidad que está presente la máxima “miente, miente que algo queda”, dejando en la audiencia ese manto, sino de sospecha, acaso de culpabilidad, aunque la realidad fuese distinta. E ahí a Pedro Gonzalo Chávarry, obligado a renunciar como Fiscal de la Nación, destituido luego como Fiscal Supremo, y posteriormente sancionado penalmente. No pasó mucho tiempo, y la historia cuenta que todo se trató de una burda mentira para sacarlo del poder.
Sin embargo, cuando el escándalo salpica a los suyos, siempre hay una explicación que valga, aunque realmente sea una excusa. Sucedió el mismo 2018, cuando Martín Vizcarra se reunió subrepticiamente con Sandra Castro y Rocío Sánchez, fiscales del caso denominado los “Cuellos Blancos del Puerto”. En su defensa, el mitómano Vizcarra Cornejo atinó a decir que actuó de buena fe a pedido de ellas que se sentían amenazadas por supuestas mafias. En ese momento, como hasta hoy, los medios de comunicación en general han guardado complicado silencio. O como cuando el Juez Supremo César San Martín fue chuponeado solicitando al Presidente de la Corte del Callao, el sentenciado Walter Ríos, ayuda para que impulse un proceso familiar que se encontraba atascado por más de cuatro meses, en evidente delito de tráfico de influencias. En este caso, solo recibió 30 días de suspensión, y ni siquiera una investigación penal.
Lo cierto es que esta no ha sido ni será la última vez que ocurran situaciones bochornosas que linden con lo delictuoso. Y en esa ocasión, como actualmente, la progresía también estará protegida, pues tienen cubierto un sector importante del Ministerio Público y del Poder Judicial, y ni qué decir de la Junta Nacional de Justicia. Viven en un manto de impunidad porque sencillamente CAVIAR NO COME CAVIAR.