Editorial

¿Desde cuándo preguntar es un delito?

Como resultado de un minucioso  trabajo de investigación periodística, el 17 de diciembre del año pasado el sintonizado programa Contracorriente del medio televisivo Willax, que se difunde a nivel nacional, soltó una bomba que sacudió a  Ancash. Heldy Criss Cueva Pérez, señalada en dicho informe como pareja sentimental de Ermitanio Portalatino Ambrosio, padre de la congresista Kelly Portalatino Ávalos, habría estado exigiendo fuertes sumas de dinero a cambio de facilitar  puestos de trabajo en dependencias del estado. Esta es una conocida y antigua modalidad de aprovechamiento por parte de ciertas personas que acceden al poder político y abusan de él para obtener beneficios personales.

Según el reportaje periodístico, serían alrededor de 200 los profesionales, técnicos y auxiliares que, gracias a las influencias del poder político, habrían obtenido un puesto de trabajo en la Red de Salud Pacífico Norte y en el Hospital La Caleta de Chimbote. De acuerdo con la información periodística y los vouchers presentados como prueba, los hechos habrían ocurrido en el mes de septiembre del 2023. Se afirma asimismo que, aquellos que a pesar de haber pagado no lograron el ansiado puesto de trabajo o se cansaron de esperar, hasta ahora están exigiendo la devolución de su dinero.

Pero ahí no acaba todo. En el mismo reportaje, se habla de la existencia del “Imperio Portalatino”, un supuesto conglomerado empresarial formado por hermanos, primos, cuñados y otros miembros de la familia, quienes estarían a cargo de empresas constructoras que frecuentemente ganan millonarias licitaciones con el estado; hecho que en el ambiente político ancashino ya no es ninguna novedad.

Sin embargo, la repercusión de esta denuncia periodística ha causado más de un malestar a la congresista Kelly Portalatino y así  ha quedado demostrado luego de la pregunta relacionada con el informe de Willax que se atrevió a formular el periodista William Torres Carrasco, conductor del programa Última Palabra de Somos Televisión Chimbote.

En vez de aprovechar la oportunidad para deslindar cualquier responsabilidad y dejar las cosas en claro, la congresista Portalatino ha denunciado al periodista William Torres por considerar que su pregunta es un presunto delito contra la administración pública y un acto de violencia contra autoridades elegidas por voto popular. La denuncia ha sido tramitada ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa que despacha la fiscal Ana Rosa Daza Vergaray, quien ha abierto una investigación contra William Torres por este presunto delito. ¿Desde cuándo preguntar es un delito?.

La Constitución Política del Perú en su Art. 2, Inciso 4, consagra que “toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”.

No acatar este mandato constitucional es aceptar una actitud de intolerancia, propia de regímenes totalitarios, donde algunas personas se consideran intocables y en vez de someterse a las reglas de la democracia y al estado de derecho, pretender imponer sus propias leyes.

Pensamos que no estaría demás que la congresista Kelly Portalatino, quien llegó al parlamento de la mano del golpista Pedro Castillo, en cuyo mandato fue ministra de Salud, consulte con sus asesores la posibilidad de reconsiderar su denuncia fiscal. Eso le haría un enorme bien al sistema democrático y a la libertad de expresión que, dicho sea de paso, es la madre de las demás libertades. Reiteramos, preguntar no es un delito.