Enorme daño:
Desde el 7 de diciembre del 2023, fecha en que la Sub Región Pacífico licitó y adjudicó la obra de electrificación de cinco pueblos rurales de la zona de Cascajal, adjudicada al consorcio Lacramarca, ha transcurrido cuarentainueve días sin que hasta hoy la obra pueda empezar a ejecutarse; ello debido a que, por absurdo que parezca, todavía no se ha podido firmar el respectivo contrato de obra.
Como bien recordamos, fue ha pedido de los moradores de este sector rural que la obra empezó a gestionarse hace más de doce años, periodo durante el cual la gestión atravesó por una serie de contratiempos, entre otras razones debido a gruesos errores que se produjo en la elaboración del expediente técnico. Al cabo de todo este tiempo y luego de subsanarse estas deficiencias, el expediente técnico por fin pudo ser aprobado permitiendo que la obra, valorizada en 10 millones de soles, sea licitada y adjudicada el pasado 7 de diciembre.
Pero cuando se daba por descontado que la larga espera de estos pueblos rurales había llegado a su fin, el nuevo gerente de la Sub Región Pacífico, Raúl Blas Cotrina, ha revelado que por ahora el contrato de obra no se puede firmar porque todavía está pendiente actualizar las firmas digitales de los representantes legales de ambas partes. Eso quiere decir que el proyecto de electrificación, tanto tiempo esperado, todavía se mantiene en tinieblas.
Pero esta no es la única obra que acusa problemas debido a fallas garrafales de gestión pública. El pasado sábado, 20 de enero, el alcalde de Casma, Julio Meléndez Lázaro, colocó la primera piedra de la obra “Rehabilitación de la Plazuela Túpac Amaru” en medio de la algarabía de los vecinos; pero dos días después, lunes 20 de enero, el propio alcalde puso fin a esta algarabía, con la promulgación de la Resolución de Alcaldía N° 36 que declara nulo el proceso de licitación y adjudicación de la obra.
¿La razón?. En la Ciudad del Eterno Sol es vox populi que dicho proceso estaría plagado de una serie de irregularidades, entre las que se menciona el posible delito de colusión y direccionamiento, lo que ha colocado a la obra bajo sospecha de corrupción. Por lo pronto, las sospechas recaen directamente en los miembros del comité de adjudicación, cuyo conocimiento y experiencia en gestión pública ha sido puesto al servicio de intereses subalternos. Mientras tanto, los vecinos del parque tendrán que esperar un tiempo adicional para celebrar el reinicio de la obra.
Mientras que la demora de la firma del contrato de electrificación ha puesto en evidencia un clamoroso desconocimiento de gestiones colaterales que se han debido prever con la debida anticipación, la anulación de la buena pro de la obra del parque Túpac Amaru nos muestra la otra cara de la moneda; es decir hasta qué punto quienes sí conocen de gestión pública son capaces de aprovechar su conocimiento y experiencia para sacarle la vuelta a las normas del estado y de esa manera obtener beneficios personales. Este enorme daño solo sucede cuando los encargados de nuestra gestión pública actúan deficientemente.