GORE Áncash:
La ley de contrataciones con el estado es suficientemente clara. Luego de la adjudicación de una obra pública y de la firma del contrato entre la unidad ejecutora y la empresa ganadora de la buena pro, el inicio de la obra debe concretarse a más tardar dentro de los siguientes cinco días hábiles. Nada hay que pueda ser motivo para una mayor e innecesaria pérdida de tiempo.
Es de suponer que, incluso antes de convocarse la licitación pública, se han debido revisar meticulosamente todos los procedimientos de orden técnico, legal y administrativo que respaldan la factibilidad de la obra, los mismos que han debido pasar por el filtro del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OSCE. Ningún contrato de obra podría suscribirse, ni mucho tener validez, sin el fiel cumplimiento de estos procedimientos.
No se explica por eso cómo es que el gobierno regional de Ancash, después de más de un año de haber firmado contrato para la ejecución de una obra de electrificación rural, ésta ha podido permanecer tanto tiempo en stand by, burlándose de las expectativas y la paciencia de miles de pobladores afectados.
Nos referimos a la obra de electrificación de dos centros poblados y catorce caseríos ubicados en la zona de Pampas, provincia de Pallasca, cuyos pobladores, cansados de tanta mecida, se han visto obligados a tener que realizar una marcha de sacrificio hasta la ciudad de Huaraz para exigir el inicio de la obra. De no haber sido por esta medida de fuerza, hasta hoy seguirían esperando.
En medio de esta atmósfera enrarecida, todo hace pensar que algo muy extraño debe haber sucedido entre el gobierno regional de Ancash y la empresa contratista. Solo un tira y jala de último momento y fuera de todo contexto, podría explicar este innecesario e injustificado retraso que tanto daño ocasiona a la población más vulnerable.
Otro caso similar es la obra de electrificación de los pueblos que se encuentran en la zona rural de Lacramarca Baja, provincia del Santa. Después de diez años de haber permanecido atrapado en la enredadera de la burocracia regional y ante el insistente reclamo de la población afectada, el proyecto logró ser destrabado a mediados del año pasado. Pero a pesar de haber sido adjudicada y contratada los primeros días de diciembre, hacer ya dos meses y medio, hasta hoy la obra no tiene cuándo empezar.
Lo único que los pobladores afectados han podido conocer es que la causa del retraso se debe al vencimiento de la certificación otorgada por Hidrandina, lo que hace indispensable tener que renovar dicha certificación. ¿Por qué los genios que laboran en la Sub Región Pacífico no advirtieron este impase antes de firmar el contrato y otorgar el adelanto?.
Se afirma que muchos funcionarios que han ingresado al gobierno regional poseen mucho conocimiento y la experiencia en gestión pública; pero en vez de utilizar esta capacidad en beneficio del desarrollo regional, lo que hacen es poner esta capacidad al servicio de oscuros intereses, empezando por sacarle la vuelta a la ley. El hecho que Ancash se mantenga en el primer lugar de corrupción y el último en capacidad de gestión, lo dice todo.