Por: Oscar Wong (*)
Más de treinta y ocho millones de soles financiaron la campaña de la “no revocatoria” de la entonces alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente; así como la de su posterior pretendida reelección. Corría el mes de marzo del año 2013 y se decidiría su remoción o permanencia a través de una consulta popular de revocatoria. Fuera de la arena política se consumó la jugada maestra, ilícita claro está; de por medio se encontraban negocios millonarios a costa de los peruanos de bien; así, la carpeta fiscal sostiene que las empresas Odebrecht y OAS se sumaron para brindarle a la entonces alcaldesa este gran financiamiento de campaña para que no sea removida de su cargo y así asegurar los negociados que se le imputan y que se venían cocinando desde hacía un par de meses atrás. Como era de esperarse, ganó el “no” y la señora Villarán continuó hasta el término de su mandato (2011-2014); y pese a que prometió que no lo haría, buscó su reelección, pero no tuvo éxito.
Lo negó reiteradas veces, pero en mayo del 2019, ante las investigaciones penales y la inminente detención preventiva de treinta y seis meses que pesaban en su contra, la exalcaldesa admitió en una entrevista vía radio nacional que recibió estos millonarios aportes para su campaña pero que “nunca hipotecó el interés público a estas empresas”. Para ese momento, la fiscalía ya manejaba la hipótesis de que el dinero recibido por la señora Villarán ascendía al monto de diez millones de dólares y no cuatro como inicialmente se creía.
Bajo una línea política de izquierda, su imagen de portada carismática y cercana al sector popular le permitió ganar la alcaldía de Lima; sin embargo, terminó con un bajo nivel de aprobación por su gestión ineficiente y su acercamiento más a la agenda de los sectores altos que a la popular, con lo cual perdió tanto la poca credibilidad que le quedaba como su identidad político-social. Su ideología progresista la mantuvo a favor de crear una zona rosa; también a favor de los derechos de la población LGBTIQ+; así como, en algún momento de su vida política, a favor de legalizar la marihuana y otras sustancias alucinógenas.
Recientemente, se le acaba de ver por canal nacional, gozando de un refrescante chapuzón en la piscina de su casa de playa, donde reside cómodamente después de haber sido excarcelada de su prisión preventiva por motivos de la pandemia y en dónde cumple detención domiciliaria. De esta manera se evidencia, que las ideas socialistas de ciertos izquierdistas, como Villarán, resultan ser “ideas caviaronas”, la “izquierda caviar”, término que ya se popularizó en nuestro país y que define a aquellas personas que proclaman tener convicciones de “igualdad social” mientras disfrutan de su vida acomodada y de ciertos lujos. Según la exalcaldesa, ella vive en un asentamiento humano, al menos así lo señaló en una de sus audiencias judiciales; cuando lo cierto es que vive en una zona exclusiva del distrito de Lurín (Lima).
Han pasado diez años desde los aportes millonarios de campaña para la exalcaldesa, siete desde que Odebrecht reconoció ya estos pagos ilícitos y cinco desde que Villarán admitió públicamente y a nivel nacional, haberlos recibido; sin embargo, no existe hasta ahora sentencia al respecto de los delitos que se le imputan en este emblemático caso de la judicatura nacional. Si bien existe un pedido de veintinueve años de cárcel por parte de la fiscalía, por los delitos de lavado de activos, colusión, asociación ilícita, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo; la situación de la señora Susana, parece ser, de la más fresca y relajada.
Lo alarmante de todo este asunto es que, a pesar del reconocimiento público que realizó la propia señora Villarán, de haber recibido millonario aporte económico, esta no ha sido encontrada aún culpable ni está purgando condena alguna; como sí lo estaría cualquier hijo de vecino, cualquier hijo del pueblo. Cualquier delincuente confeso ya estaría tras las rejas. La señora Susana Villarán, disfruta de un placentero mar, una refrescante piscina y de una casa de playa de cinco pisos en una exclusiva zona de Lima; ante la mirada complaciente de sus juzgadores y para la indignación de todos los peruanos ante la alardeante impunidad de la que parece gozar la exalcaldesa de Lima. Es que sí, efectivamente, existe el “privilegio caviar”.
(*) Abogado, MBA Centrum PUCP, Mtr. en Liderazgo EADA España.
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