Un total de 18 gobernadores regionales hicieron hoy un llamado a la responsabilidad y a preservar el estado de derecho en el país, además de hacer un llamado para trabajar a favor de la unidad nacional y en beneficio de la población.
Precisamente, las autoridades regionales se manifestaron luego de conocerse el pronunciamiento del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en donde se hace referencia a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
“El Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no puede arrogarse la representatividad del total de los gobiernos regionales al emitir pronunciamientos que no han merecido el consenso de las autoridades que los representan”, inicia el comunicado.
Así, dichos gobernadores ratificaron su voluntad democrática e “incondicional apego al orden constitucional y a las instituciones legalmente constituidas”.
Además, hicieron un llamado al gobierno central para trabajar a favor de la unidad nacional, garantizando la transparencia e integridad.
“Conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional, que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país, afectando el desarrollo y el crecimiento en perjuicio de los más pobres, invocamos a todos los actores políticos, sociedad en su conjunto y a todas las fuerzas democráticas a que actúen con responsabilidad, preservando la plena vigencia del Estado de derecho y buscando asegurar el bien común”, continúa el comunicado.
Consejo Directivo de la ANG
Previamente, el Consejo Directivo de la ANGR emitió un pronunciamiento donde se aseguró que no se respaldarán “actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y estabilidad del país” tras un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que menciona ingresos a las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte.
“Los hechos presuntamente delictivos atribuidos a la presidenta de la República, respecto al incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no está acreditado, deben ser materia de una exhaustiva investigación en el Poder Judicial con las consecuencias legales que ello amerite”, indicó el Consejo Directivo de la ANGR. (Andina)