USP en la encrucijada:
Desde el 5 de diciembre del 2019 cuando la SUNEDU denegó el licenciamiento a la Universidad San Pedro de Chimbote, las autoridades de esta casa de estudios han tenido tiempo más que suficiente para corregir errores y poder obtener este derecho. Tiempo demás han tenido para lograr el licenciamiento y evitar que más de 20 mil alumnos se hayan visto en la necesidad de emigrar a otras universidades.
Han transcurrido cuatro años desde entonces y hasta hoy las autoridades que gobiernan la universidad San Pedro no han sido capaces de levantar las observaciones de índole académico, administrativo y financiero que ha formulado la SUNEDU. Todos sabemos la situación de otras universidades del país, que han estado en la misma o peor situación que la San Pedro, pero que han levantado las observaciones y finalmente han obtenido su licenciamiento, devolviendo con ello el prestigio a la institución y la tranquilidad a sus alumnos.
El último plazo para que la universidad chimbotana pueda acogerse a este derecho vence el 9 de marzo del 2025 pero, cuando falta menos de un año para dicho desenlace, es evidente que sus actuales directivos no tienen el menor interés en corregir errores ni en retomar el camino correcto. Por el contrario, se advierte en ellos la deliberada intención de dejarse arrastrar por el vendaval de escándalos e irregularidades que, después de 36 años de funcionamiento, han colocado a la universidad San Pedro al borde del precipicio.
Igual que desde hace aproximadamente veinte años, el manejo de la institución se mantiene a la deriva o al garete, como lo han afirmado sus propios trabajadores administrativos. Después de haberse despilfarrado millones de soles en pagos fantasmas, compras de inmuebles a diestra y siniestra, lavado de activos y repartijas al por mayor, que terminaron con la sentencia de un ex rector que aún se encuentra prófugo de la justicia, era de esperarse que la universidad San Pedro corrija errores y enmiende el rumbo. Pero no es así. Las cosas siguen igual de oscuras y complicadas.
En declaraciones a este Diario, las secretaria general del Sindicato de Trabajadores No Docentes de dicha casa de estudios, ha denunciado que, desde que fueron elegidos hace ya un año, ni el rector ni los vicerrectores que actualmente dirigen la universidad, se encuentran debidamente acreditados por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Por tanto, al no tener personería jurídica, éstos no pueden firmar ningún documento ni representar a la universidad ante la banca, el Poder Judicial y otras instituciones públicas o privadas. Es como si no existieran.
Esta absurda situación es resultado precisamente del manejo irregular y arbitrario que mantienen las actuales autoridades universitarias. Ellos fueron elegidos el 11 de abril del 2023, lo que ocurrió en forma por demás irregular. El Estatuto vigente establece que el comité electoral debe convocar el acto eleccionario a más tardar con seis meses de anticipación; es decir debió hacerlo antes del 11 de noviembre del 2022.
Sin embargo, las elecciones fueron convocadas el 10 de enero del 2023 y se realizaron el 11 de abril, apenas tres meses después. Imposible aceptar y acreditar esta irregular elección. ¿Por qué tanto apuro?. ¿Por qué tanto afán de sacarle la vuelta a la Ley?. ¿O es cierto, como se afirma maquiavélicamente que el gran negocio es propiciar el cierre definitivo de la universidad San Pedro?. Si en lugar de prevalecer el factor académico se priorizan otros intereses, entonces tiene razón la SUNEDU en haber colocado a esta casa de estudios en la encrucijada de licenciar o morir.