En declaraciones exclusivas brindadas al Diario de Chimbote, el secretario general del Sindicato Único del Proyecto Especial Chinecas(SUPECH), Carlos Solórzano Vega, ha dicho que “es una gran mentira” que el 95 por ciento de las tierras del proyecto estén libres o saneadas como lo afirmó hace unos días el gobernador regional Fabián Koki Noriega. Y no solo eso. En referencia al nuevo estudio de factibilidad para sustentar la ejecución del proyecto, ha adelantado en forma tajante “eso de Pro Inversión difícilmente prosperará porque no habrá licencia social”.
Creemos que mucho o más que algo de cierto debe haber en las palabras del dirigente sindical. Primero, porque es de suponer que conoce a fondo los entretelones del problema en el que se debate Chinecas y porque, como servidor, también forma parte de él. Y segundo, porque sus declaraciones coinciden con la actitud de algunos funcionarios y asesores que -no es ninguna novedad- hacen lo que les da la gana con la gestión del proyecto irrigador.
En efecto, eso de que el 95 por ciento de las tierras de Chinecas “estén libres” y que solo el 5 por ciento queden por sanear, como lo afirmó Koki Noriega, es un sapo imposible de tragar. Fuentes confiables del INADE y del ministerio de Desarrollo Agrario han revelado que entre 15 mil y 20 mil hectáreas de propiedad del proyecto (más del 40%) se mantienen en poder de invasores.
Desde esta perspectiva, ciertamente es difícil, por no decir imposible, que el nuevo estudio de factibilidad de Chinecas pueda obtener la licencia social que se requiere para declarar la viabilidad de este tipo de proyectos. ¿Quiere decir que el convenio para la elaboración de este estudio, suscrito entre Proinversión y el gobierno regional de Ancash, es un gasto inútil, un engañamuchachos?
En estas páginas no dudamos de las palabras vertidas por el dirigente de los trabajadores de Chinecas. Lo repetimos, se trata de alguien que conoce a fondo el problema y es parte de él. En Chinecas hay otro sindicato denominado SUTRAPECH, manipulado por gente que estuvo en el entorno de César Álvarez y que no se pronuncian de los problemas. Nuestro Diario se ocupó de ellos en la edición del 22 de julio del 2023.
En nuestra condición de testigos presenciales de este largo y tortuoso devenir, llama la atención que las denuncias y revelaciones del dirigente sindical no se hayan escuchado en otras oportunidades igualmente decisivas. Nunca se dijo nada cuando el mismo gobierno regional promovió la invasión de 308 y 217 hectáreas en Nuevo Chimbote y 550 hectáreas en Casma.
Tampoco se escuchó una sola palabra de protesta cuando el todopoderoso César Álvarez Aguilar convirtió a Chinecas en caja chica para el pago de portátiles con fines de proselitismo político. Menos cuando muchos de los vocingleros que marchaban a la cabeza de las portátiles pasaron a engrosar no solamente las planillas del proyecto sino también la relación de invasores.
En más de veinte años de existencia, no se ha denunciado la presencia de motobombas que utilizan los invasores para sustraer el agua ni de los puentes que éstos han construido sobre el canal principal para el paso de sus vehículos. Por razones obvias, a estas personas jamás les va a convenir que Chinecas se ejecute. Si eso sucede, tendrían que pagar la tierra que usufructúan y el agua que sustraen. Ni locos.
Es lamentable asimismo, que no hayan dicho una sola palabra ante la “venta” de 60 hectáreas para fines de vivienda realizada por la fantasmal comunidad de indígenas de Chimbote y Coishco a favor de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público.
Como ellos, hay mucha gente que solo de la boca para afuera afirman ser defensores de Chinecas y se rasgan las vestiduras cuando advierten que sus intereses personales están en peligro. Aunque jamás lo van a reconocer públicamente, en el fondo son ellos quienes no quieren que Chinecas se ejecute.