– Su lento, soterrado y sostenido avance sobre nuestras instituciones
Por: Fernando Zambrano Ortiz Analista Político
En noviembre del 2000, mientras los partidos políticos tradicionales celebraban el retorno a la democracia en el Perú, una izquierda progresista, posteriormente conocida como “izquierda caviar”, comenzaba a tejer una red de influencia en el gobierno de transición. Astutamente, esta corriente política logró posicionar ministros y viceministros clave en el nuevo gobierno, mientras promovía la participación de la “sociedad civil” a través de ONGs con financiamiento des-conocido y dirigidas por figuras de izquierda.
Estas ONGs, previamente involucradas en la defensa mediática y judicial de terroristas procesados, incluso abogando por la liberación de líderes como Abimael Guzmán, aprovecharon su acceso al gobierno para recuperar terreno en sectores como educación, salud y programas sociales. Desde el ámbito judicial, otras ONGs influyeron en comisiones encargadas de revisar procesos contra terroristas, logrando liberaciones controvertidas.
Tras el gobierno de transición, estos actores se integraron en el aparato estatal, utilizando los Derechos Humanos como herramienta política contra la democracia. El chantaje político y las denuncias selectivas contra las Fuerzas Armadas y opositores políticos minaron su eficacia y reacción, generando tensiones en la sociedad peruana.
El resurgimiento de ideologías retrógradas y la falta de defensa de la soberanía, democracia y libertades por parte de gobiernos sucesivos representaron una amenaza para el país. Es esencial que los ciudadanos estén alertas ante estas tendencias y exijan a sus líderes políticos que defiendan los valores fundamentales de la nación.
La reciente operación de las Fuerzas Armadas contra remanentes terroristas en el VRAEM, que cobró la vida de un valiente miembro de la Marina de Guerra del Perú, subraya la importancia de estar vigilantes ante discursos radicales. La pérdida de vidas de nuestros militares es una herida que afecta a sus familias y a la sociedad en su conjunto.
El Estado tiene una deuda pendiente con aquellos que sacrificaron sus vidas en defensa del país, así como con aquellos que continúan siendo objeto de persecución injusta. Es imperativo que se garantice la justicia y se proteja a quienes sirven a la nación con valentía y honor. La vigilancia constante y el compromiso con la defensa de la democracia son fundamentales para asegurar un futuro próspero y justo para todos los peruanos.