En Chinecas, no se advierte:
Hace ya diez años, la Fiscalía Anticorrupción de la provincia del Santa tiene en sus manos la investigación de todas las irregularidades que la Contraloría General de la República descubrió en la obra del canal San Bartolo del distrito de Santa, uno de los casos de corrupción más escandalosos que han protagonizado, agarraditos de la mano, el gobierno regional de Ancash y el proyecto de irrigación Chinecas.
Iniciada a comienzos del 2010 con un presupuesto de 17 millones de soles, la obra debió ser concluida en octubre del mismo año, pues el canal San Bartolo, de 11 kilómetros de longitud, abastece de agua a más de un millar de hectáreas de sembríos de arroz y otros productos de panllevar que tienen un calendario invariable de siembra y cosecha.
Sin embargo, ante el justo reclamo de los agricultores, el revestimiento del canal tardó dos años en ser ejecutado de la manera más perversa. A pesar que el presupuesto se incrementó a 36 millones de soles ¡más del doble!, Chinecas dio la conformidad y recepcionó la obra cuando aún faltaba 900 metros por revestir.
Desde entonces, obra en manos de la Fiscalía Anticorrupción del Santa un voluminoso expediente con todos los elementos de convicción y documentos probatorios de este caso de corrupción, sin que hasta el día de hoy se tenga conocimiento de algún resultado o acusación formal. El expediente incluye la relación de más de cuarenta imputados, encabezados por los ex titulares del gobierno región de Ancash César Álvarez Aguilar, quien firmó más de diez ampliaciones presupuestales, y Juan Carlos Morillo Ulloa, quien fue gerente de la empresa constructora que obtuvo la licitación.
A todo esto, cabe añadir que en el 2019, cuando ya Morillo Ulloa había asumido la gobernación regional, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, sin brin-dar mayores explicaciones, revistió entre gallos y medianoche los 900 metros que quedaron por revestir, a todas luces con el evidente propósito de borrar la huella del delito. Hasta este momento, la Fiscalía Anticorrupción jamás ha dicho una sola palabra al respecto.
Hace unas semanas, en otro sonado escándalo de tráfico de tierras, un grupo de personas que se identificaron como trabajadores del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia del Santa, fueron sorprendidos cuando se repartían 60 hectáreas de propiedad de Chinecas, dizque para una proyecto de vivienda. Por toda explicación, los servidores de las dos instituciones encargadas de administrar justicia y de salvaguardar el estado de derecho, argumentaron que habían recibido las 60 hectáreas de propiedad de Chinecas como una “donación” hecha una su-puesta entidad Villa del Universitario, que había adquirido esas tierras de la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, una institución ilegal dedicada exclusivamente al tráfico de tierras. Hasta hoy, la Fiscalía tampoco se ha manifestado.
Por otra parte, conforme hemos informado en nuestra edición de ayer, el Sindicato Único de Trabajadores de Chinecas ha solicitado a través de un pronunciamiento público que la Fiscalía Anticorrupción intervenga este organismo regional. Lo que el gremio de trabajadores exige es que se investigue y sancione las irregularidades que algunos funcionarios de Chinecas vendrían cometiendo en perjuicio de su propio centro de trabajo y de los intereses del estado. Si nada de esto se investiga ni se sanciona, quiere decir que la lucha contra la corrupción es una causa perdida.