Editorial

La tierra es de quien la trafica

Triste realidad en Chinecas:

Como si el proyecto de irrigación Chinecas y el gobierno regional de Ancash  tuvieran el objetivo y las facultades de una agencia inmobiliaria, un numeroso grupo de familias, de los tantos que existen en Chimbote y Nuevo Chimbote,  vienen reclamando  que el gobierno regional de Ancash respete la promesa de cambio de uso, para fines de vivienda, de 59 hectáreas de propiedad de Chinecas;  promesa que, según ellas, les habría ofrecido el ex gobernador regional Henry Borja Cruzado.

Aunque sin mostrar ningún documento de por medio,  el numeroso grupo de familias  protagonizó hace unos días un plantón en las afueras de la sede de Chinecas  en Tangay, para exigir que la actual gestión del gobierno regional cumpla con formalizar  el “acuerdo”, aparentemente pactado por Henry Borja  Cruzado.

Hasta donde se puede conjeturar, ningún gobernador regional, por muy avezado o ingenuo que pudiera ser, se atrevería a firmar un acuerdo de cambio de uso de tierras que son propiedad del estado.  Hacerlo equivaldría a firmar su propia sentencia de muerte ante los tribunales de justicia. En el caso de Chimbote y Nuevo Chimbote, esa facultad  le corresponde únicamente  a la municipalidad provincial del Santa y a la Superintendencia de Bienes Nacionales.   A nadie más.

En todo caso, lo único que pueden hacer los gobernadores regionales de Ancash y algunos alcaldes, es  hacer valer el peso de su voluntad política para  promover y consumar la invasión de las tierras de Chinecas; como que, en efecto, ha sucedido en más de una oportunidad. No solamente ha sido César Álvarez Aguilar, sino también Waldo Ríos Salcedo y el ex alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán, quienes en abierta complicidad con traficantes de tierra  han promovido la invasión de más de 600 hectáreas de Chinecas.

Precisamente, muchas campañas de reelección se han ganado gracias a este aprovechamiento político. Aunque, claro,  después de obtenido el triunfo, los ganadores jamás cumplieron con la formalización y titulación prometida. Hasta hoy miles de familias siguen viviendo en la informalidad, sin servicios de agua, desagüe y electrificación. Si Henry Borja hizo el referido  ofrecimiento cuando ya  se encontraba en vísperas de finalizar su gestión, la promesa no deja de tener un tufo de cálculo político a corto tiempo. Eso y nada más.

En este escenario de permanente agitación, no se  puede ignorar la presencia de la autodenominada  Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, un grupo de gente que toda la vida aparece detrás de cada  invasión ú ocupación ilegal. La más reciente de estas ocupaciones  ha sido la “donación” de 60 hectáreas de propiedad de  Chinecas  que la comunidad de indígenas ha hecho a  favor de un supuesto programa de vivienda denominado Villa del Universitario,  en el que aparecen como  beneficiarios decenas de trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa y de la Fiscalía Provincial.  A casi dos meses de producido este escándalo, ni la Corte ni la Fiscalía han dicho una sola palabra. Aquí solo cabe preguntarse ¿del lado de quién está la justicia?.

Lo único que queda claro en medio de esta tormenta es que, mientras  unos obtienen jugoso beneficio económico con las tierras del estado,  otros obtienen un gran beneficio político, sin que hasta hoy nadie detenga esa tormenta. En Chinecas, la tierra sigue siendo de quien la trafica.