Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El entramado de poder y corrupción en la justicia peruana ha sido expuesto una vez más, revelando una red de influencias y lealtades que socavan la integridad de las instituciones.
Los nombres de Pablo Sánchez, Vela Barba, Pérez, Villena, Gustavo Gorriti, Villanueva, Marita Barreto y otros personajes se entrelazan en una trama que pone en entredicho la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial.
El hecho de que el fiscal Vela Barba tema las represalias de un personaje siniestro y ajeno a la institución por un simple almuerzo revela la fragilidad de su posición y su dependencia de intereses ajenos.
El Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, señalado por la prensa por su cuestionable actuación en Ica, aparece como un peón en un tablero de ajedrez donde las verdaderas decisiones se toman en niveles superiores.
La mano que mece la cuna, según las denuncias y declaraciones de Villanueva, estaría en figuras como el fiscal supremo Pablo Sánchez y el influyente Gustavo Gorriti, quienes parecen tener un control absoluto sobre los hilos de la investigación.
La figura del Fiscal Supremo Alcides Chinchay, encargado de investigar a los poderosos de la justicia, genera dudas sobre su capacidad e imparcialidad. ¿Cómo puede limitarse a solicitar a Gorriti sus números de teléfono, en lugar de actuar con contundencia y determinación en su labor investigativa?
Es evidente que mientras figuras como Pablo Sánchez mantengan su influencia y comunicación con los implicados, la investigación estará lejos de ser imparcial y efectiva.
Las citaciones a declarar de Gorriti y Villanueva parecen más un formalismo que una verdadera búsqueda de la verdad, con la posibilidad de prórrogas interminables que dilatarán el proceso.
En medio de esta maraña de intereses y complicidades, la justicia peruana se ve cuestionada en su capacidad de actuar con independencia y transparencia.
La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes para desentrañar esta presunta red de corrupción que amenaza la credibilidad de las instituciones y la confianza en el sistema judicial.
La verdad debe prevalecer, y la justicia debe ser ciega ante los poderosos y los corruptos.