Como resultado del operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, efectuado entre los meses de febrero a marzo del 2024, la Contraloría General emitió 1340 informes de control individuales en los cuales se detallan más de ocho mil situaciones adversas detectadas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.
Los equipos de auditores inspeccionaron 695 comisarías de los 25 departamentos del país, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales; así como al Ministerio del Interior.
Como resultado del operativo se advirtieron 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), a la asistencia técnica a gobiernos subnacionales, el estado de la infraestructura, equipamiento y servicios policiales de las comisarías, el estado de escuelas PNP, la implementación del serenazgo municipal y cámaras de videovigilancia.
El Informe N° 001-2024-CG/SIE-SOP que consolida los resultados del operativo que, además de ser notificado a cada entidad evaluada, ha sido comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
Principales riesgos revelados
Con relación al equipamiento policial en comisarías a nivel nacional, se advirtieron que 463 no cuentan con alcoholímetros, 536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes. De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita la labor de seguridad ciudadana.
También se advirtió que el 100% de comisarías (695) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; mientras que el 82% no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%). Todo ello expone y pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad de oportunidades y libre discriminación de personas.
Un hecho detectado que llamó la atención es que el Ministerio del Interior no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, población urbana de 15 a más años víctimas de delitos informáticos, tasa de homicidios, entre otros.
Asimismo, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, toda vez que no cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; carecen de documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no viene brindando asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.
No recopilar ni analizar esta información y no emitir alertas sobre el incumplimiento de valores esperados de los indicadores evita comprender el progreso de la política nacional en materia de seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la prevención, el acceso a los servicios de seguridad, la reducción de la victimización y la disminución de los delitos.
Sin plan de adecuación de sistemas de videovigilancia
Se detectó, además, que el Mininter no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros y en establecimientos comerciales, así como la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.
No cumple con certificar centros de capacitación de serenos
Otro aspecto del informe señala que, de la verificación a 177 municipalidades provinciales, 16 de ellas indicaron además que cuentan con centros de capacitación de serenos municipales; sin embargo, estos funcionan sin la certificación por parte del Mininter, tal y como establece la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, lo cual no garantiza las condiciones de formación del serenazgo.
Escuelas PNP con deficiencias
Un aspecto preocupante es la infraestructura y el equipamiento en las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a los jóvenes miembros, pues se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.
El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas. Además, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, se advirtieron en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).