Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La creciente judicialización de la política y la creciente intervención del poder judicial y la fiscalía en asuntos políticos plantea un desafío significativo para la democracia en diversos países. Aunque esta tendencia puede surgir con la intención de combatir la corrupción y garantizar el Estado de Derecho, también conlleva riesgos considerables para el equilibrio de poderes y la salud de la democracia.
Cuando los tribunales y fiscales se ven involucrados en decisiones que tradicionalmente corresponden a los poderes Ejecutivo y Legislativo, se crea una dinámica en la que el Poder Judicial y la Fiscalía asumen un papel de árbitros políticos. Esta situación puede conducir a una concentración de poder en manos de jueces y fiscales, quienes, a diferencia de los representantes electos, carecen de la legitimidad política otorgada por el voto popular.
La judicialización de la política debilita de manera significativa al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Los funcionarios electos se ven limitados en su capacidad para tomar decisiones y diseñar políticas públicas, ya que están constantemente expuestos a la amenaza de intervenciones judiciales y fiscales. Esta situación puede generar un clima de incertidumbre y parálisis en la toma de decisiones, lo que afecta la eficacia y la gobernabilidad del sistema político.
La politización del Poder Judicial y la Fiscalía, derivada de su intervención en asuntos políticos, pone en riesgo su imparcialidad y su independencia. Los jueces y fiscales pueden enfrentarse a presiones externas que comprometen su capacidad para administrar justicia de manera objetiva y neutral, lo que mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
La judicialización de la política socava los principios esenciales de la democracia y la separación de poderes. Cuando los tribunales y fiscales asumen un rol preponderante en la toma de decisiones políticas, se corre el riesgo de establecer una suerte de “dictadura judicial y fiscal”, en la que el Poder Judicial y la Fiscalía se erigen como poderes supremos por encima de los otros poderes del Estado.
La separación de poderes es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y está consagrado en la Constitución Política. Cualquier vulneración de este principio debe ser proscrita. La filtración selectiva de información sensible a los medios de comunicación desde la fiscalía o el poder judicial puede colocar en situación de indefensión mediática a los investigados o procesados, convirtiendo a fiscales y jueces en “operadores políticos”.
Es esencial mantener un equilibrio entre los poderes del Estado y respetar los principios democráticos para preservar la salud de la democracia y la separación de poderes.
La judicialización de la política representa un desafío que requiere una reflexión profunda y un compromiso firme con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a la separación de poderes. Solo así podremos garantizar una sociedad justa, equitativa y democrática, en la que el poder sea ejercido de manera equilibrada y transparente.