El 17 de diciembre del 2002, hace ya veintiún años, el gobierno promulgó la Ley 27887 mediante la cual se facultó a Pro Inversión a llevar a cabo el proceso “Venta de Tierras Habilitadas en los Proyectos Especiales” a favor de posesionarios ilegales, entre los cuales, obviamente, se incluía a los invasores y demás ocupantes ilegales del proyecto especial Chinecas.
La ley establece textualmente que, para acogerse a este beneficio, los invasores debían acreditar hallarse en posesión de las tierras con una antigüedad anterior al 28 de julio del 2001. Una verdadera ganga. Pero eso no fue todo. Encima, se les otorgó un plazo de 8 años para que cancelen el valor de la tierra, con un periodo de gracia de dos años. Mejor regalo, ni en el paraíso. Aún así, ninguno de los invasores de Chinecas levantó la mano para acogerse a este beneficio.
Siete meses después, el 25 de julio del 2003, papá gobierno, como siempre benévolo hasta con sus propios verdugos, promulgó la Ley 28042 que amplió el plazo otorgado por la ley 27887 para que los campesinos, aún indecisos, pudieran formalizar su situación y trabajar la tierra dentro del marco de la legalidad. Pero, una vez más, los invasores prefirieron mantenerse al margen de la ley. Ya para entonces, quedó completamente claro que jamás estarían dispuestos a pagar un solo sol, ni por la tierra que usufructúan ni por el agua que sustraen a diario.
A pesar de semejante desacato y desafío al estado de derecho, el gobierno regional de Ancash y el ministerio de Desarrollo Agrario han suscrito un convenio interinstitucional cuya finalidad es el saneamiento físico-legal de las tierras a favor de los invasores; convenio que, increíblemente, tiene como base legal las leyes 27887 y 28042.
En opinión del abogado Donato Díaz Nieto, especialista en temas de propiedad agraria, las leyes 27887 y 28042 al no haber sido aplicadas dentro del plazo señalado, ya son leyes caducas, sin ningún efecto contractual. Siendo así, el convenio firmado entre el ministerio de Desarrollo Agrario y el gobierno regional de Ancash, sería un documento írrito e inaplicable, ni más ni menos que un saludo a la bandera.
Es posible entonces que los propios invasores ya tengan conciencia de esta realidad, razón por la cual un buen número de ellos, agrupados en la Asociación de Campesinos “Sin” Tierra La Carbonera, ha conseguido que la Comisión Agraria del Congreso de la República, donde negocia políticamente con los bienes del estado, apruebe un proyecto de ley “para promover y consolidar la reactivación económica agraria y la inversión privada en el ámbito del proyecto especial Chinecas”. Otro cuento. ¿Cómo se va a promover y atraer la inversión privada si el propio estado está premiando a invasores y traficantes de tierra?.
En medio de este panorama de confusión y contradicciones, el último fin de semana la gerencia de Chinecas ha convocado a las asociaciones de supuestos “beneficiarios” de las leyes 27887 y 28042 a una reunión de coordinación para tratar todo lo relacionado con el saneamiento de las tierras invadidas. Eso quiere decir que, para Chinecas y sus asesores legales, ambas normas rigen a plenitud.
Según sus propias afirmaciones, éstas y otras asociaciones, a las que ahora el gobierno considera “sector privado”, se ufanan de haber realizado exportaciones por más de mil millones de soles, sin que por eso hayan pagado un solo sol a Chinecas. ¿Es así como se piensa promover y atraer la inversión?. A ese paso, mientras no exista un sinceramiento de por medio, lo único que se puede esperar es que Chinecas se mantenga con el agua hasta el cuello.