Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En lo que va de este periodo parlamentario 2021-2024, 46 congresistas han abandonado su grupo parlamentario o han sido expulsados, mientras que 28 se han unido a una bancada distinta o han formado nuevos grupos parlamentarios.
El transfuguismo político, entendido como el cambio de afiliación partidaria de un congresista por motivos ajenos al bien común, se ha convertido en una práctica lamentablemente institucionalizada en el Congreso peruano. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la Ley Anti-Transfuguismo aprobada por el Congreso ha abierto la puerta a este tipo de conductas desleales que vulneran la voluntad popular expresada en las urnas.
El transfuguismo constituye una grave falta ética y política, ya que hace prevalecer intereses personales por encima del mandato otorgado por los electores. Un congresista que cambia de bancada traiciona la confianza depositada en él por los ciudadanos que votaron por su partido y programa político. Esta conducta desleal falsea la representación parlamentaria y genera un divorcio entre las expectativas de los representados y la actuación de los representantes.
Más allá de las implicaciones éticas, el transfuguismo también tiene consecuencias jurídicas y políticas. A nivel constitucional, vulnera principios fundamentales como la proporcionalidad en la representación parlamentaria y la lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista penal, en casos de beneficios económicos, puede configurar delitos como el cohecho pasivo propio o el enriquecimiento ilícito, al entenderse que el congresista “vende” su pertenencia a un partido político.
Los representantes parlamentarios tienen un doble mandato: uno legal, derivado de su cargo, y otro ideológico, vinculado a la convicción política que representan como miembros de un partido. Al cambiar de bancada, el congresista tránsfuga no solo incumple su mandato legal, sino que también traiciona la confianza depositada en él por los electores que votaron por su agrupación política y programa electoral.
Es imperativo que la ciudadanía y las instituciones democráticas tomen cartas en el asunto para erradicar esta práctica nociva. Los partidos políticos deben fortalecer sus mecanismos de control interno y sancionar severamente a quienes incurran en transfuguismo. El Congreso debe aprobar una nueva ley anti-transfuguismo que respete los principios constitucionales y establezca sanciones efectivas para quienes incurran en esta conducta desleal.
El transfuguismo político es un cáncer que corroe la democracia desde adentro. Socava la confianza de los ciudadanos en sus representantes, distorsiona la voluntad popular y abre la puerta a la corrupción. Es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales combatir este flagelo y recuperar la integridad del sistema democrático. Solo así podremos construir una democracia sólida, transparente y al servicio de los intereses de la ciudadanía.