Mediante una resolución emitida el último 31 de mayo, el juez Chávez Tamariz determinó que dentro de un plazo de 7 días hábiles las entidades de telefonía en el país informe de manera documentada a dicha entidad fiscal sobre la relación de todos los números telefónicos fijos y/o celulares que hayan sido adquiridos y utilizados por los investigados así como el reporte histórico de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes y por comunicaciones vía WhatsApp respecto al periodo comprendido entre el 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2013.
También dispuso que las entidades de telefonía informen respecto a la ubicación física de los equipos celulares correspondiente a los números solicitados durante el periodo autorizado.
El magistrado considero que la medida adoptada por su despacho es proporcional, idónea y necesaria ya que permitirá cumplir con los fines de la investigación (averiguación de la verdad) y con ello arribar a su finalidad principal que es la de delimitar responsabilidades y participación delictiva en las personas investigadas.
Poder Judicial también autorizó levantar secreto bancario
El juez Jorge Chávez Tamariz también acogió el pedido de la Fiscalía para que se autorice levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil del expresidente Alejandro Toledo, de sus coinvestigados y de su partido político respecto al mismo periodo autorizado dentro de este caso.
Mediante una resolución emitida el último 30 de mayo, el magistrado dispuso que dentro de un plazo de 10 días hábiles se remita a la Fiscalía información documentada sobre todas las cuentas bancarias nacionales, las operaciones financieras y bancarias realizadas a través de todas las entidades del sistema financiero nacional.
Asimismo, el juez Chávez Tamariz determinó que la SUNAT y las demás entidades que correspondan remitan el reporte de movimientos del impuesto a las transacciones financieras de los terceros afectados y procesos en calidad de contribuyentes así como información sobre retiros, titularidad, registros y transferencias de acciones, bonos, letras, hipotecas, cuotas de participación y otros valores.
El magistrado preciso que la autoridad fiscal deberá dar cuenta de la ejecución de ambas medidas ante su despacho para los fines pertinentes.
Está investigación fiscal de inicio en el año 2018 luego que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Simoes Barata reconoció ante el Ministerio Público que entregó 700 mil dólares a Abraham Dan On, ex jefe de seguridad del gobierno de Alejandro Toledo para financiar la campaña presidencial del entonces líder del partido político Perú Posible en el año 2011.
Toledo Manrique cumple 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo en el distrito limeño de Ate desde donde afronta un juicio oral por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht por el cual fue extraditado el 23 de abril del 2,023 desde los Estados Unidos tras pesar sobre el exmandatario una acusación penal en su contra de 20 años y 6 meses de prisión en este proceso penal.
El exmandatario también afronta otro proceso penal por el caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica junto a la empresa brasilera Camargo y Correa y además tiene un juicio pendiente junto a su esposa Eliane Karp por el denominado caso Ecoteva, donde el fiscal superior Rafael Vela pidió para ambos la pena de 16 años y 8 meses de cárcel.