Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Aún existen personas que, a pesar de las declaraciones de los colaboradores eficaces Jaime Villanueva, Salatiel Marrufo y Zamir Villaverde, así como de la cuantiosa evidencia presentada durante el proceso de impugnación de actas en las elecciones de 2021, siguen creyendo que no hubo fraude electoral. Esta postura ignora los hechos y señales que apuntan a irregularidades en el proceso electoral.
Si las acusaciones de fraude electoral en torno a la elección presidencial de Perú Libre se evidencian, es lógico pensar que también se habría recurrido a prácticas ilegales para colocar a treintaisiete de sus candidatos en el Congreso.
Lo cierto es que, dado que ningún partido político puede cubrir la totalidad de las mesas de sufragio con personeros que velen por el correcto desarrollo del acto electoral, algunos partidos políticos enfocan sus esfuerzos en las poblaciones de más difícil acceso para manipular los resultados a favor de sus candidatos. Sin la presencia de personeros que puedan resguardar los votos de otras agrupaciones políticas, se adjudican ilegalmente hasta el 100% de los sufragios en dichas localidades, que se ubican principalmente en zonas de sierra y selva.
Pero, por otro lado, hace algunos años que políticos regionales cazurros comentan que las elecciones no se ganan en las urnas, sino en las instituciones electorales como la ONPE y el JNE. Esta conducta delictiva, de acuerdo a las denuncias, también habría sido utilizada por Perú Libre para que Pedro Castillo asuma la presidencia de manera ilegítima.
Si esto es así, los miembros de estas instituciones electorales deberían ser investigados por fiscales independientes y probos, para determinar si hubo irregularidades en los procesos que llevaron a Perú Libre al poder. La integridad de nuestras elecciones es fundamental para la democracia, y cualquier indicio de fraude debe ser esclarecido.
Es preocupante que continúen saliendo a la luz evidencias de un “fraude electoral” a gran escala, que habría afectado tanto la elección presidencial como la conformación del Congreso. Esto socava la confianza ciudadana en las instituciones y pone en duda la legitimdad del actual gobierno.
Las autoridades electorales tienen la obligación de garantizar elecciones limpias y transparentes. Si existen pruebas de manipulación, deben rendir cuentas y enfrentar las consecuencias. La democracia peruana no puede permitir que se instale una administración producto de prácticas fraudulentas.
Es fundamental que se esclarezca la verdad sobre estos hechos. El país necesita respuestas y soluciones, no más incertidumbre. Solo así podremos reconstruir la fe de los ciudadanos en nuestro sistema electoral y político.