El Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley General de Contrataciones Públicas del Estado, que permitirá mejorar el uso de los recursos públicos en estrategias gubernamentales para acelerar el cierre de brechas en favor de los ciudadanos.
La Ley N° 32069, publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano, es resultado del trabajo colaborativo entre el Poder Ejecutivo, quien propuso la norma, y el Congreso General de la República, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El objetivo de este nuevo marco legal es impulsar que las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las entidades públicas sean más oportunas y eficientes, facilitando el cumplimiento de sus objetivos, a fin de mejorar la calidad de vida de los peruanos.
La Ley General de Contrataciones Públicas contiene medidas para promover la inversión y evitar la paralización de obras a través de la inclusión de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, la simplificación de la gestión de obras y el fortalecimiento del rol preventivo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas.
Asimismo, se establecen nuevos mecanismos de adquisición, como las compras públicas de innovación y las compras centralizadas, así como herramientas específicas tanto para la prevención y atención oportuna de emergencias, incluyendo la rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de desastres.
Se establece, además, el principio del Valor por Dinero, que prioriza la calidad sobre el precio. Este concepto permitirá que las entidades del Estado maximicen el valor de los recursos que el Estado destina en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía.
Un aspecto significativo en la Ley General de Contrataciones Públicas es el fortalecimiento del rol del Registro Nacional de Proveedores (RNP), que se convierte en un repositorio de información relevante. Las entidades y la ciudadanía en general podrán acceder a datos que permitan medir al desempeño de los proveedores en la ejecución de contratos con el Estado.
La Ley también instituye la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Pladicop) como una herramienta que garantiza la transparencia de las contrataciones, incluyendo las compras menores que consolidará, entre otros, al RNP, al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y a los Catálogos Electrónicos.
Ámbito de aplicación
Esta Ley es aplicable para la contratación de bienes, servicios y obras, siempre que las entidades contratantes asuman el pago con fondos públicos. Los contratos menores se rigen por esta ley.
Señala a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la Central de Compras Públicas (Perú Compras), las entidades contratantes y los proveedores, como actores del proceso de contratación de un bien.
La DGA es el ente rector y la máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, ejerce sus funciones de acuerdo con el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento. (Andina)