Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Es preocupante la situación del Poder Judicial que, en lugar de ser el garante del Estado de Derecho, se ha convertido en un poder de facto que transgrede impunemente principios constitucionales como la separación de poderes.
Lamentablemente un tibio Tribunal Constitucional dejó una “ventana abierta” al permitir que los jueces, amparándose en criterios subjetivos para invocar una supuesta violación de derechos humanos, puedan incumplir y transgredir las decisiones del propio Tribunal Constitucional, sin que nadie los denuncie formalmente por sus resoluciones “prevaricadoras”.
Esto se vería agravado por la supuesta contaminación del Poder Judicial por el “poder mediático de ONGs progresistas” y la existencia de una “gran cantidad de jueces mediocres y pusilánimes” que, por temor a represalias, dejan de lado la función constitucional que se les ha encargado, como es la correcta administración de justicia.
Si bien es cierto que la independencia del Poder Judicial es fundamental en un Estado de Derecho, esta no puede convertirse en un cheque en blanco para que los jueces actúen al margen de la Constitución y las leyes.
Resulta preocupante que el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República no hayan tomado medidas urgentes para corregir esta situación, sin tener en cuenta que se está perdiendo el Estado de Derecho en el país.
Es imperativo que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes asuman su responsabilidad y tomen las acciones necesarias para restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado y garantizar la vigencia del Estado de Derecho.
De lo contrario, el Poder Judicial, sumado a la politización de la fiscalía, podría convertirse en un poder fáctico que socave los cimientos de la democracia.