Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO
El congreso de la república se ha convertido en el enemigo del ciudadano de a pie, al aprobar proyectos de Ley con la finalidad de que prescriban todos los delitos anteriores al año 2003 y se reduzca la pena por organización criminal, convirtiéndome en sirvientes de los delincuentes.
En marzo del año 2024, la Comisión de Constitución puso en agenda un tema inconstitucional y contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional. Enviando, al Pleno un Proyecto de Ley que declara que los delitos que califiquen como crímenes de lesa humanidad realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (julio de 2003) o del Estatuto de Roma (julio de 2002), prescribirán si ha transcurrido su plazo de prescripción según la ley vigente al momento de su comisión. El texto fue aprobado en la comisión con 14 votos a favor, cinco de ellos de Fuerza Popular. Y con ello se busca la prescripción y que se archiven varios procesos que actualmente se siguen contra exmiembros de las FF.AA. Impunidad para los delitos que se cometieron durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori e involucran al mismo Fujimori.
El 04 de julio del 2024, quince parlamentarios de la Comisión Permanente aprobaron el proyecto de ley declarado prescritos todos los crímenes anteriores al año 2003. No importa que delito. Y con ello protegerían a asesinos, violadores y torturadores. El proyecto Rospigliosi-Cueto, busca beneficiar a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Alejandro Aguinaga procesado por el caso de esterilizaciones forzadas, al grupo Colina, a Daniel Urresti y a un ciento de policías y militares la mayoría prófugos o no habidos, que el Estado no busca. Muchos de ellos realizaron masacres, torturas, violaciones en masa y crematorios para desaparecer cadáveres. Realizaron cientos de fosas comunes sobre todo en los andes. Los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA. Pero el Perú se adhirió en el 2003, al tratado de Naciones Unidas que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que se cometieran.
Ese mismo día 04 de julio, la Comisión Permanente aprobó otro proyecto de Ley, que reduce la aplicación de la conducta penal “crimen organizado” Con una máxima de 35 años solamente a delitos de narcotráfico, excluyendo todos los delitos con penas menores de 6 años y todos los delitos como sicariato, extorsión, asesinato, tortura y muchos más. Que sigan matando los sicarios del tren de Aragua, que siga extorsionado en la modalidad del “gota a gota” a nuestros pequeños comerciantes y bodegueros. El Perú se convertirá en festín de los delincuentes.
El congreso se ha convertido en un grupo de delincuentes o de defensores de los delincuentes, ya no hay diferencias ideológicas, ni principios doctrinarios, el poder judicial, el ministerio público, el Ejecutivo son parte de ese grupo. Esperemos que existan jueces que defiendan los tratados internacionales mediante control difuso, es decir caso por caso, en los temas de derechos humanos, pero en lo de crimen organizado ya no hay nada que hacer. En la regla de ellos “Libre mercado” al perder el Estado de derecho, se pierde el libre mercado, la inversión, el empleo. Perdemos nuestro pan que llevamos a nuestros hogares día a día.
Pero nosotros tenemos una tarea más importante este 2026, eliminemos del escenario político esas organizaciones políticas y a esos parlamentarios que quieren reelegirse como “Senadores” Es nuestro deber cívico e histórico. Pongamos en marcha nuestra rebeldía. Por nuestras futuras generaciones.