CASO CENFOTES
El caso del servicio de mantenimiento del ex Cenfotes en el Hospital Regional EGB es para seguirlo, analizar y desmenuzar los hechos, porque el resultado final es el reflejo de la gestión pública(deficiente al extremo) y donde incluso el director ejecutivo no estaba ni enterado. Los hechos comienzan en octubre del 2022 con los requerimientos del caso desde las unidades respectivas y antes del 20 de diciembre se otorga la buena pro a los contratistas y el 30 de diciembre se firman los contratos pues son dos servicios y dos empresas. El asunto es que el contrato señalaba que los trabajos debían terminarse en 30 días. Otro tema es que el 1 de enero del 2023 entraba otra gestión con otros funcionarios de confianza, empezando con el director ejecutivo. Los que diseñaron el negocio eran otros y no los que llegaron en enero del 2023. Eran otros los funcionarios de confianza. Ocurre que en ese mes de enero se gestó lo que vino posteriormente, es decir, se generaron las condiciones para hacer lo indebido y para eso hasta los contratistas intervinieron, porque hoy en día y después de leer la narrativa de los hechos en el informe de control resulta inconcebible como se produce el pago del servicio sin tener ninguna conformidad porque los trabajos no se habían culminado. Se paga los cheques e incluso hasta los devuelven y estalla el escándalo. Hubo presencia de política, autoridades del ministerio público, contraloría y todo que uno puede imaginar. En la lucha contra la corrupción todos presentes. Se producen los cambios de funcionarios de confianza y director incluido. Luego viene esa etapa donde todo lo cierran, sellan puertas y el caso esta judicializado. Ese decir se propaga. Ocurre que los meses pasaron y nunca se supo de la investigación que inició el ministerio público y resulta que un año y cinco meses después la contraloría publica un informe de auditoria donde implica a doce personas por los hechos ocurridos con este caso. La mayoría con los funcionarios que ingresaron posteriormente al escándalo. La contraloría los involucra porque no hicieron nada para ejecutar esos cheques que devolvieron y estaban en custodia en el hospital. En otras palabras, no hicieron nada por salvar los cheques. La conclusión del órgano de control es que se han perdido 429,300 soles. Se desaparecieron en las narices de todos.
MINISTERIO PÚBLICO
Aquí entendemos que los contratistas tienen responsabilidad, pues cuando depositan los cheques estos son devueltos y en el BCP les comunica que esos cheques los devuelven porque los de la empresa les dijeron que se habían perdido. El ministerio público deberá ahora señalar que hace con esa investigación inicial la cual aún nadie conoce y que hará ahora con el informe de la contraloría. El procurador ya habló al respecto, pero no sabe mucho a pesar de estar apersonado en esa primera investigación, como no sabe nada suponemos que el ministerio público no investigó como es casi una costumbre. El único camino a seguir es con el procurador para que el caso no quede en el olvido como los muchos que se hacen público y no tienen sanciones, según dicen, por la enorme carga del ministerio público.
REVOCATORIA
Hasta el 8 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) expidió 370 kits de revocatoria de autoridades regionales y municipales, con miras a la Consulta Popular de Revocatoria 2025. Desde el inicio de este proceso, el 3 de junio, han sido declaradas procedentes las solicitudes de kits para intentar revocar a las autoridades de 23 regiones. Ningún pedido admitido alcanza, hasta el momento, a las autoridades de Tumbes y Madre de Dios. En las 20 solicitudes contra las autoridades regionales de Lima, Áncash (2), Ayacucho (2) y Arequipa (3), Callao, Cusco (2), Ica, Junín, La Libertad (2), Lambayeque, Huancavelica, Piura (2) y Puno (2). Los pedidos referidos al ámbito provincial son 54 y, al ámbito distrital, 296. En otras palabras Koki Noriega tiene dos kit de revocatoria que se han adquirido para revocarlos. Todos sabemos que la parte más difícil para los revocadores es conseguir las firmas necesarias para validar el proceso. Es 25% de la población hábil en el padrón electoral de la jurisdicción. Difícil.