Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El caso Cócteles, que inició como una investigación por supuestos aportes ilegales de campaña, se ha convertido en un verdadero fiasco jurídico. Ante la evidencia de que los aportes no eran ilegales en el momento en que se produjeron, el fiscal José Domingo Pérez varió su tesis al delito de lavado de activos. Sin embargo, esta nueva acusación también carece de fundamento.
Para que exista lavado de activos, es necesario que haya una fuente ilícita de dinero. Sin embargo, ni siquiera el delator Barata ha señalado que el dinero que manejaba provenga de actividades ilícitas. Además del hecho concreto de que cuando supuestamente se produjeron los hechos, los aportes de campaña de privados estaban permitidos; el año 2011 no se había descubierto el caso Lava Jato en Brasil.
En los últimos días, hemos sido testigos de cómo la teoría del fiscal Pérez se ha desmoronado ante las contundentes declaraciones de diversos personajes e instituciones. En una audiencia que parecía más un circo, el fiscal llegó con chaleco antibalas y se retiró sin él al concluir la sesión.
Primero, el abogado José Ugaz, reconocido por su lucha contra la corrupción, desmintió categóricamente al fiscal al afirmar que su patrocinado nunca hizo aportes de campaña provenientes de dinero ilícito. Ugaz señaló que “la tesis del fiscal se enreda en sí misma y miente sobre Dionisio Romero”.
Luego, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) también salió al paso para desmentir las supuestas acusaciones de aportes a campañas electorales. La CONFIEP denunció que a Briceño se le ha incluido en este proceso “a pesar de la evidencia contundente que se le brinda”, lo que “denota un flagrante incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y nuestro ordenamiento legal confiere al Ministerio Público”.
Pero el golpe más duro para los promotores y activistas del lawfare vino de la mano de Latina, un medio de comunicación afín a las acciones del fiscal, que emitió un comunicado oficial refutando las afirmaciones del fiscal sobre la entrega de maletines con dinero.
Todo indica que la declaración del supuesto testigo estrella del fiscal Pérez, Barata, a quien tanto se benefició al otorgarle impunidad, condonar deudas millonarias y devolverle miles de dólares por la venta de sus activos, no se producirá; ha terminado por descolocar al fiscal y su fantasiosa teoría.
Pero lo más preocupante es que, durante la audiencia, en lugar de fundamentar sus imputaciones, el fiscal Pérez se dedicó a mentir, como lo han señalado varios personajes e instituciones. Su discurso se alejó del ámbito jurídico para convertirse en uno puramente político, confirmando así que ha perdido el juicio.
La caída de la teoría del fiscal Pérez es un claro ejemplo de cómo la verdad y la justicia deben prevalecer sobre las acusaciones infundadas y los intereses políticos. Es hora de que la Fiscalía se enfoque en investigar con rigor y transparencia, dejando de lado las artimañas y los discursos engañosos.
El Perú necesita una justicia imparcial, efectiva y despolitizada. Solo así podremos avanzar como país y recuperar la confianza en nuestras instituciones. Es momento de que la Fiscalía y el Poder Judicial den un paso al frente y demuestren su compromiso con la ética y la legalidad.