Urge deslinde:
El viernes de la semana pasada, la empresa alemana LSH Consulting Engineering S.A.C, dio a conocer ante las entidades públicas y privadas de Chimbote todo lo relacionado con el estudio de preinversión, a nivel de perfil, del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Chinecas en las provincias de Santa, Casma y Huarmey”.
Como es de conocimiento, este trabajo de consultoría tiene por finalidad formular un diagnóstico fidedigno, equivalente a una radiografía completa, de la situación real en la que actualmente se encuentra el Proyecto Especial Chinecas. Recién a partir de ahí se podrán formular los estudios definitivos y asimismo las recetas que permitan elegir con toda confiabilidad la mejor alternativa para la ejecución del proyecto.
Paralelamente, y en aplicación del convenio suscrito entre el gobierno regional de Ancash y la agencia Proinversión, el Proyecto Especial Chinecas tendrá que establecer con la misma rigidez la disponibilidad física y legal en la que se encuentran las tierras del proyecto. Esto es poner en claro lo siguiente: 1) cuántas hectáreas están en poder de agricultores formales, aquellos que han pagado el precio de la tierra y que pagan puntualmente por el agua que consumen. 2) cuántas hectáreas están en poder de invasores, aquellos que no han pagado la tierra ni pagan por el agua que sustraen, y 3) cuántas hectáreas están en condición de libre disponibilidad.
Esta información es crucial y de primera necesidad ya que sin ella no se podría obtener una radiografía real y confiable de Chinecas y tampoco se podría pasar a la etapa de estudios definitivos. De ser así, hablar de factibilidad, sería imposible.
Aparte de los funcionarios de Chinecas y del gobierno regional de Ancash, eso lo saben muy bien los invasores, aquellos que ocupan 20, 50 y más de 100 hectáreas sin pagar un solo sol al estado, que se hacen llamar pomposamente “agroexportadores” y que asimismo se jactan de realizar inversiones y exportaciones millonarias. Expertos en derecho agrario, consideran que esta actividad, la misma que se realiza al margen de la ley y aprovechando indebidamente los bienes del estado, configura los delitos de apropiación y enriquecimiento ilícitos; lo que ha hecho de Chinecas el proyecto de irrigación menos confiable del país.
Revertir esta situación va a necesitar de un trabajo de saneamiento sin precedentes. Muchos de los invasores de Chinecas ya llevan veinte y hasta treinta años en posesión ilegal y en todo ese tiempo, a pesar de las ganancias que obtienen por alquiler del terreno o por la venta de producción, jamás han tenido la más mínima voluntad de formalizar su situación. Se la llevan todo a cambio de nada. Es más, también se consideran intocables y para eso acuden a congresistas, de aquellos que para todo se prestan, a fin de promover la promulgan de una ley con nombre propio y a pedido del cliente, que les permita mantenerse en posesión de las tierras por sécula seculorum.
Por tanto, en el caso de los invasores el quid del asunto no es solamente el desalojo o que se acojan al proceso de formalización a través de la subasta pública, como sucede en todas las irrigaciones del país. Aquí hay algo más. Se tiene que deslindar si están incursos en los delitos de apropiación y enriquecimiento ilícitos y de eso tendrán que ocuparse el Ministerio Público y el Poder Judicial.