POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA.
Después del fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones en diciembre de 2022, y tras la sucesión presidencial de Dina Boluarte Zegarra, los caviares junto a la izquierda azuzaron a la población, principalmente la del sur del país, enardeciéndola y provocando innecesariamente la toma de carreteras, destrucción de propiedad pública y privada, saqueos, y lamentablemente muertes. Para contrarrestar estos desmanes, y haciendo valer el principio de autoridad, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú impusieron el orden en el marco de la legalidad.
Sin embargo, para la Fiscalía esto último no ocurrió, pues está acusando a 154 militares y policías por 267 muertos y heridos en estas protestas, argumentándose que pasaron por alto la prohibición del uso de armas letales en las operaciones de control durante las movilizaciones sociales. Indignante la apreciación sesgada del Ministerio Público, aunque no es de sorprender.
Algo similar ocurrió décadas atrás, precisamente en abril de 1997 cuando un grupo de 140 comandos de nuestras valerosas FFAA ingresaron a la residencia del embajador de Japón y rescataron a 72 rehenes de las huestes terroristas, matando a los 14 emerretistas. Por esto último, todos los miembros que participaron en este exitoso operativo fueron investigados y procesados por años. Más aún, algunos partieron al encuentro del Señor sin haber obtenido un pronunciamiento judicial, en tanto que otros vieron truncadas sus aspiraciones profesionales como el ascenso en la carrera. Por supuesto que al final -si cabe el término- fueron absueltos luego de batallar en solitario -y contra la enorme presión de la caviarada que buscaron encarcelarlos- por los pasillos de Poder Judicial.
Hasta aquí podemos afirmar que para la progresía la cosa funciona así: Si se trata de terroristas, delincuentes, o vándalos disfrazados de abucheadores; es decir, escoria, y cometen delito habrá que perdonarlos, o en el mejor de los casos, investigarlos respetándose el debido proceso. En cambio, si la víctima es un policía o militar, simplemente murió sirviendo a la patria.
Ejemplos abundan. En marzo del año pasado, 6 militares murieron ahogados en un río en Puno al intentar escapar de una turba que los atacaron con piedra, como parte de las manifestaciones en contra del actual gobierno; mientras que en septiembre del mismo año, 4 miembros del Ejército perdieron la vida en una emboscada narcoterrorista en el VRAEM.
De esto último, en la aclamada película CUESTIÓN DE HONOR, es célebre la frase del Coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson), interrogado por el abogado marino Daniel Kaffee (Tom Cruise), cuando refiere “usamos palabras como honor, código y lealtad. Usamos esas palabras como base para poder defender otras vidas, y usted las usa como una burla. No tengo el tiempo ni el deseo de explicar mi conducta a un hombre que vive y duerme bajo la libertad que yo mismo le proporciono, y cuestiona el modo en que se la proporciono…”.
Cuanta verdad, por paradoja o ironía, con lo que viene ocurriendo con nuestros briosos miembros de las FFAA y PNP en el diario cumplimiento del deber, en defensa de la soberanía y de la vida de todos los peruanos.