Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El caso Cócteles se desmoronará como un castillo de naipes. El libreto del fiscal Pérez se asemeja a un mamotreto en constante cambio, un relato de ficción mal elaborado que, a pesar de sus modificaciones, no podrá evitar su inevitable desenlace: el archivo definitivo del caso.
Una vez concluida esta novela de coautoría entre Pérez y Vela, se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre las prácticas cuestionables de estos personajes. Se evidenciará cómo, mediante métodos abusivos, extorsión y chantaje, han atacado e incriminado vilmente a aquellos que, por su patología ideológica del odio, consideran enemigos.
La manipulación de la justicia y el uso de tácticas de intimidación en el ámbito político son inaceptables y deben ser expuestos. La sociedad peruana merece conocer la verdad detrás de estos procesos que, lejos de buscar justicia, parecen estar motivados por rencores personales y agendas ocultas. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en nuestras instituciones y garantizar un sistema judicial que opere con integridad y justicia.
El caso Cócteles es un claro ejemplo de cómo la justicia puede ser utilizada como un arma política para perseguir a opositores. En lugar de ser un mecanismo para hacer cumplir la ley y garantizar la equidad, se ha convertido en un instrumento de venganza y manipulación.
Es imperativo que las instituciones encargadas de impartir justicia en Perú recuperen su imparcialidad y su compromiso con la verdad. Los fiscales y jueces deben actuar con profesionalismo y ética, dejando de lado sus sesgos ideológicos y sus intereses personales.
Además, es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia dentro del sistema judicial. Los ciudadanos deben tener la certeza de que los procesos legales se llevan a cabo de manera justa y transparente, sin favoritismos ni persecuciones políticas.
En última instancia, el caso Cócteles es un llamado a construir un Perú más justo e igualitario, donde la ley se aplique de manera imparcial y sin distinciones. Solo así podremos avanzar como sociedad y recuperar la confianza en nuestras instituciones. La justicia debe ser un pilar fundamental de la democracia, no un instrumento de venganza y manipulación.