Con la Asamblea Universitaria de la USP:
Si se estuviera cumpliendo con lo que ordena el Art.56° de la Ley Universitaria, Ley 30220, la asamblea universitaria de la Universidad Privada San Pedro, debería ser un órgano de gobierno colegiado que represente con absoluta legitimidad a todos miembros de la comunidad que integran esa casa de estudios, vale decir al rector, a los vice rectores, profesores, lo mismo que a los alumnos y trabajadores administrativos; debiendo encargarse asimismo de proponer y aprobar políticas generales para la buena marcha de la institución.
El mismo artículo de la ley exige a la asamblea universitaria a designar a los miembros de una comisión permanente que se encargue de fiscalizar la gestión de las autoridades universitarias y que los resultados de la referida fiscalización deben ser puestos a disposición de la Contraloría General de la República y la SUNEDU.
En los 38 años de vida que acaba de cumplir la universidad, y cuando faltan apenas 7 meses para que deje de existir oficialmente, se ha podido ver en forma fehaciente que la asamblea universitaria de la San Pedro jamás ha cumplido con ese elevado propósito. El fin supremo de colocar en la cima de la cadena universitaria la formación académica de nuevos y buenos profesionales, no ha pasado de ser una utopía.
En sus ya casi cuatro décadas de turbulenta existencia, la asamblea universitaria de la USP se ha caracterizado, no precisamente por haber sido el órgano de gobierno y el ente fiscalizador como se lo exige la Ley 30220, sino más bien por haber sido, y seguir siendo, una instancia incondicional al servicio de los rectores de turno, aprobando y asolapando toda clase de apetitos extra académicos.
De la misma manera cómo la asamblea universitaria apoyó a ojo cerrado la gestión del prófugo ex rector José María Huamán Ruiz, ahora está haciendo lo mismo con el ilegal rector Javier Ulloa Siccha; postura de la que sus miembros no se avergüenzan desafiando a los cuatro vientos las normas de SUNEDU y del estado de derecho. La elección de Ulloa Siccha no se sujetó a lo dispuesto por el reglamento interno de la universidad, siendo por tanto una elección írrita, imposible de ser reconocida, ni por la SUNARP ni por la SUNEDU. Ninguna institución pública y privada que se precie de ser íntegra y honesta, da por válida la firma de Ulloa Siccha.
Si a lo largo de sus 38 años de existencia la asamblea universitaria hubiera acatado lo dispuesto por la ley 30220, hace tiempo que la universidad San Pedro hubiera obtenido su licenciamiento. Sin embargo, después de haber sido la primera casa de estudios superiores de Chimbote en lograr la acreditación de una facultad de medicina, de ofrecer más de 12 carreras profesionales, de contar asimismo con numerosas filiales y más de 20 mil alumnos, ahora se encuentra con los dos pies en el patíbulo. Después de haberlo tenido todo, ahora está en vísperas de perderlo todo. Y en todo esto, la asamblea universitaria tiene mucho que ver.