Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO
Todo apunta a que Dina Boluarte, junto con su eléctrico premier terminarán presos por los homicidios en sus diferentes grados, por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en los asesinatos cometidos durante diciembre de 2022 y marzo de 2023. Lo único que la salvaría de la cana, es que se asile en un país de donde no pueda ser extraditada.
En diciembre del 2022 y marzo de 2023, tras la destitución del presidente Castillo asume Dina Boluarte como presidente del Perú, para una parte importante de la población la asunción de Dina, era un golpe de Estado perpetrado por el Congreso de la Republica con aires de dictadura o dictablanda. Por ello las protestas del pueblo. La primera respuesta oficial a las protestas que se desarrollaban en varias regiones del país fue la declaración de estados de emergencia, primero en las regiones de Apurímac, Ica y Arequipa y luego, el 14 de diciembre, un estado de emergencia a nivel nacional. En donde murieron 50 civiles e hirieron a 1500 personas muchas de ellas de gravedad y que perdieron órganos como la vista. Durante las protestas a 48 de ellos se les arrebató la vida con un PAF y a dos por impacto de bomba lacrimógena, según detalla la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El derecho internacional permite a los Estados restringir ciertos derechos durante los estados de emergencia, pero cualquier medida implementada tiene que respetar el principio de proporcionalidad y no puede vulnerarse ciertos derechos inderogables, como el derecho a la vida.
Para el Congreso de la República, no pasa nada, de las ocho denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, sus ministros y exministros de Estado, por la represión de las fuerzas del orden, por las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, duermen el sueño de los justos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que demuestra que el congreso de la República blinda las masacres cometidas por el ejecutivo.
Por su parte la fiscalía ha formalizado 20 investigaciones preparatorias en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional. La fiscalía informa que también se cometió infanticidio y están siendo investigados el excomandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco. Pero los casos avanzan a paso de tortuga.
Según amnistía internacional, en su documento titulado: ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú a la presidenta Dina Boluarte, aduciendo que mantuvo una coordinación constante con los altos mandos policiales y militares en los días de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerla. Además, refiere que el 15 de diciembre de 2022, a escasos momentos de que se diera la primera muerte en Ayacucho, Dina Boluarte estuvo sentada al lado de Alberto Otárola, el entonces ministro de Defensa. Asistieron a la ceremonia de clausura del año académico 2022, publicándose una foto fue a las 13:18 horas y la primera muerte en Ayacucho fue registrada a las 14:00 horas, por lo que cualquier comunicación vinculada a los hechos que ocurrían en Ayacucho que haya tenido lugar entre el entonces ministro y la presidenta mientras asistían a la ceremonia, se vuelve trascendental para determinar si existe responsabilidad de mando. Además, refiere que la presidenta Dina Boluarte designó a Pedro Angulo como presidente del Consejo de Ministros, un cargo que ocupó durante 11 días y el 21 de diciembre, reemplazó a Pedro Angulo por Luis Alberto Otárola Peñaranda, ambos funcionarios fueron incluidos en una investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación en diciembre de 2022, junto con la presidenta Dina Boluarte, por homicidio calificado y lesiones graves. También refiere que Luis Alberto Otárola Peñaranda por su trayectoria como funcionario público y por sus conocimientos como abogado conocedor del marco constitucional, de la responsabilidad de mando en casos de violaciones. Por otro lado, nos dice que, a través de una solicitud de información pública, Amnistía Internacional obtuvo copias de las actas de las reuniones del gabinete presidencial celebradas entre el 12 de diciembre y el 1 de febrero. Durante esas seis o siete semanas, de acuerdo con la información analizada, la presidenta celebró 29 sesiones del Consejo de Ministros. En todas estas sesiones, excepto en una, no hizo mención alguna de las muertes que se estaban produciendo en el contexto de la respuesta estatal frente a las protestas. El énfasis abrumador de las actas siguió siendo la protección de la propiedad frente al “vandalismo” y la consideración de nuevos estados de emergencia. En una parte del informe Amnistía Internacional calificó las muertes de John Erik Enciso Arias, de 18 años, y Wilfredo Lizarme Barboza, de 18 años, como posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de policías de la DIROPESP. Ambas víctimas murieron en la ciudad de Andahuaylas el 12 de diciembre a las 16:00 y las 16:30 horas. De estos hechos solo 8 de los 36 militares investigados por la Inspectoría fueron sancionados por “faltas leves” que conllevaron entre uno a tres días de arresto simple. La policía según inspectoría hay expedientes administrativos 19 para muertos y 31 para heridos archivados, y con relación a los altos mandos de la policía nacional no es de su competencia sino del Ministerio del Interior.
Es evidente que nos encontramos ante un terrorismo de Estado que debería ser perseguido como a Fujimori, Sendero Luminoso o el MRTA y sus secuaces pero solo serán sancionados por algún tipo de homicidio y lesiones. Si se comprueba la teoría de amnistía internacional Dina Boluarte, junto con su eléctrico premier y otros ministros ¿Serán sentenciados como Coautoría no ejecutiva? Que es una teoría cuando existe un reparto de papeles entre los intervinientes en la realización del delito, de tal forma que puede ser posible que algunos de los coautores no se encuentren presentes en el momento de la ejecución del delito, conforme al caso WALTER ADUVIRI CALISAYA. Por el pretexto de defendamos la propiedad privada no se puede robar la vida de una persona y en este caso se asesinó a 50 compatriotas y se lesiono a 1500 y muchos perdieron uno o ambos ojos. No perdamos la memoria y olvidemos lo que los tiranos nos quieren robar: “Nuestra libertad de decidir nuestra historia”.