Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO
A nivel nacional Ancash lidera la corrupción. Enfermedad social que se ha convertido en una práctica común en la Administración Pública. Que, si bien es cierto, se ve con claridad en el Gobierno Regional de Áncash (GRA). De esta realidad no se escapan los Municipios, Ministerio Público, Poder Judicial, directores de colegios, comisarios. Que desde la perspectiva de las Naciones Unidas facilita la comisión de violaciones a los Derechos Humanos. Por lo que sintetizaremos las denuncias más importantes que tiene el GRA.
En setiembre del año 2022, intervinieron a Wilmer Edison López Camacho, que tenía el cargo Director de la Dirección Regional de Agricultura, junto al administrador David Wilson Martel Mudarra; Nidia Isela Aramburu Ojeda, jefa de Recursos Humanos y jefa del Área de Planificación y Milagros Soledad Allauca Castillo, asistente de Administración y Contabilidad; quienes son investigados por los delitos de cohecho pasivo propio, peculado doloso por apropiación, peculado de uso y banda criminal. Hallando en su poder 25 mil soles, que serían de origen ilícito y que, en conversaciones de Whatsapp entre ellos, decían que era para “El uno”
En noviembre del año 2023, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva a los “Elegantes de Áncash” el exdirector de la dirección regional de Transportes, Luis Arias Maguiña; el excandidato al gobierno regional de Áncash, Walter Vásquez Muñoz; y otras 28 personas investigadas por cobrar entre S/ 500 y S/ 6000 para el otorgamiento de brevetes.
En abril del año 2024, El Gerente General del Gobierno Regional de Ancash, Abog. Marco Antonio La Rosa Sánchez Paredes, ha designado como Director del Sistema Administrativo II – Jefe de administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, al Sr. Santos Cruz Torres Vargas, en un cargo de Libre Disponibilidad es decir Cargo de Confianza, cuya designación depende del Gobierno Regional de Ancash (GRA). Cuando el mencionado funcionario fue investigado por delitos de negociación incompatible, corrupción de funcionarios y crimen organizado.
El 02 de agosto del año 2024, el ingeniero Camilo Frank Carranza Lecca, gerente general del Proyecto Especial CHINECAS, fue sentenciado al acogerse a la terminación anticipada para no ir a la cárcel y reconoció que el 30 de julio a las seis de la tarde, había recibido dos mil soles del administrador del consorcio Krausen, como condición para realizar el trámite del pago de unos trabajos realizados por dicha empresa. Según la fiscalía, el dinero fue solicitado por Carranza Lecca el pasado 24 de julio, y tras la respectiva denuncia se planificó un operativo.
Pero no son solo los funcionarios, recordemos que César Álvarez Aguilar, gobernador regional desde del año 2007 a mayo del año 2014, fue acusado de liderar una organización criminal que defraudó los recursos del Gobierno Regional de Áncash. Waldo Ríos Salcedo ganó las elecciones regionales del 2014, pero recién en junio del 2015 asumió sus funciones. El exgobernador cuando pagó una reparación civil de S/1 millón por haber recibido 10 mil dólares americanos del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en el 2000, en septiembre del año 2016, Waldo Ríos fue condenado a cinco años de prisión por el delito de colusión en calidad de exalcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, y en el año 2018, Ríos fue sentenciado a un año de cárcel por ofrecer S/500 mensuales a los electores. En abril del año 2017, El vicegobernador Enrique Vargas Barrenechea reemplazó en el cargo a Waldo Ríos por solo siete meses para recibir una condena de cinco años de prisión por el delito de falsedad genérica, que lo alejó del gobierno regional al hallarlo culpable por haber mentido sobre sus estudios superiores en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. El exgobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, tuvo unas 45 denuncias investigado por las presuntas irregularidades en las contrataciones y compra de equipos médicos en los hospitales de Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz durante el estado de emergencia a causa del COVID-19 y se le investigo por una supuesta colusión en la ejecución del canal de riego San Bartolo de Chimbote cuando era gerente de una empresa durante la gestión de César Álvarez.
El actual presídete regional Fabián Koki Noriega Brito, en octubre del año 2023, fue denunciado por caso aportantes del AGUA. Por el mismo delito, también fueron comprendidos Segundo Vargas Armas, Fredy Cadillo Rosas, Rosa Cadillo Rosas y Oferlinda Cadillo Rosas y cuatro alcaldes distritales y provinciales que aportaron con el Movimiento AGUA, Aluden a Wilman Ponce Velásquez (Cusca), Weder Huaranga Torres (Corongo), Abner Caja Evangelista (Aija) y Ladislao Cruz Villachica (Independencia), que casualmente fueron beneficiarios de las transferencias en el denominado Hatun Ancash, cuando ya eran autoridades. Sergio Vargas fue candidato a alcalde distrital de Nuevo Chimbote con el AGUA y sospechosamente fue beneficiado con un cargo de confianza en la Dirección Regional de Salud Áncash como Director Ejecutivo de Salud Comunitaria con un sueldo de S/ 8,600 soles mensuales. Asimismo, Fredy Romel Cadillo Rosas, aportó S/ 302.50 soles al Movimiento Regional AGUA el 2022, según Informe Técnico – ERM 2022 N° 061–2023–GSFP/ONPE, que fue beneficiado con un contrato de locación de servicios por S/ 42,175 soles solo en el 2023.
De esa realidad no se escapan los municipios, pero no se les persigue porque el interés político es menor y el Estado no cuenta con presupuesto. El ministerio público y Poder Judicial que tiene unidades ejecutoras y no son nada trasparentes con sus obras o mantenimientos. Los comisarios que anualmente les llega un presupuesto para mantenimiento cumpliendo con los trámites formales pero los metimientos los realizan los albañiles del lugar coaccionados para que los dejen trabajar con sus mototaxis sin licencias y brevetes, en donde llevan sus materiales de trabajo. Hasta los directores de los colegios y de centros de salud les pica la mano con la plata para el mantenimiento para sus instituciones. Cobra vida la frase de Manuel Gonzales Prada, en su célebre Discurso del Politeama, “El Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo salta la pus” Mejor frase no puede describir la situación actual; la corrupción es endémica en el gobierno central, gobierno regional y en casi toda la administración del Estado. De ahí que tenemos que luchar contra la corrupción y en estas elecciones que se avecina emitir un voto consiente.
La corrupción afecta el patrimonio del Estado e incide directamente en nuestras vidas cuando no nos atienden la salud ya sea porque no hay medicina, médicos o hospitales. Cuando un niño, joven o adolescente deja de estudiar porque no hay escuelas, institutos o universidades públicas. Cuando los programas sociales no llegan a los que más lo necesitan debido a que ese dinero se lo quedo un corrupto. Por ello es que, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en su preámbulo ha señalado la preocupación por la gravedad del problema porque compromete el desarrollo sostenible, y su vinculación entre la corrupción y la inestabilidad democrática y jurídica de un país que facilitaría la comisión de violaciones a los Derechos Humanos.