• Un error costoso para los Jóvenes
Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político – Padre
La reciente decisión del Poder Ejecutivo de implementar un decreto legislativo que afecta a diversas plataformas digitales, como Max, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Spotify, Zoom, Microsoft Team, ha generado un amplio debate sobre la pertinencia y el impacto de esta medida. A través de este decreto, se busca aumentar la recaudación fiscal, pero la estrategia elegida plantea serias interrogantes sobre su efectividad y sus consecuencias para los ciudadanos.
En definitiva, se busca cargar a los bolsillos de los usuarios 18% por concepto de IGV a el acceso y/o transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música y cualquier otro contenido digital, a través de la tecnología streaming u otra tecnología; el almacenamiento de información; el acceso a redes sociales y/o la provisión de contenido o funciones adicionales en estas. Asimismo, el servicio brindado por revistas o periódicos en línea, los servicios de conferencia remota, la intermediación en la oferta y la demanda de bienes o servicios.
Los técnicos pueden tener la capacidad de diseñar medidas, pero los políticos tienen la responsabilidad de discernir cuándo y cómo aplicarlas. En esta ocasión, la decisión de gravar servicios digitales con un impuesto del 18% parece ser una solución superficial a un problema más profundo: el déficit fiscal del país. En lugar de abordar el gasto público excesivo, que incluye costos innecesarios como consultorías millonarias y alquileres de oficinas en distritos exclusivos de Lima, el gobierno opta por una medida que no solo es de baja recaudación, sino que también es complicada de implementar.
Lo más preocupante es el costo político de esta decisión. Al gravar servicios que utilizan millones de jóvenes, incluidos estudiantes y trabajadores, el gobierno no solo afecta a las empresas proveedoras, sino que impacta directamente a la “generación millennials” y la “generación Z”, quienes dependen de estas plataformas para su educación, trabajo y entretenimiento. Esta medida, poco pensada y políticamente torpe, podría generar un descontento significativo entre los jóvenes, un grupo demográfico que ya ha comenzado a mostrar su desilusión con las políticas actuales.
El Congreso tiene la oportunidad y la obligación de corregir este despropósito antes de que se convierta en un lastre político en las próximas elecciones de 2026. La falta de atención a las necesidades de la población joven podría resultar en un rechazo contundente hacia aquellos que apoyen esta medida.
Es fundamental que los representantes del pueblo escuchen las voces de quienes realmente importan en este debate: los ciudadanos. La democracia se nutre de la participación activa y del diálogo, y es hora de que el gobierno y el Congreso se alineen con las expectativas y necesidades de la sociedad.
Desde mi posición de padre, estoy decidido a brindar todo el apoyo necesario para poner fin a esta situación y defender los intereses de mis hijas y de todos los jóvenes que se verán afectados.