Gobierno regional:
Imposible que pueda pasar por alto. Mañana se cumplen quince días del sonado caso protagonizado por uno de los funcionarios más encumbrados del gobierno regional de Ancash, Camilo Carranza Lecca, ahora ya ex gerente del proyecto especial Chinecas; hecho a propósito del cual llama poderosamente la atención que hasta este momento el ente regional no haya emitido ningún pronunciamiento institucional, pasando de esta manera por encima de una de sus obligaciones más intrínsecas y por tanto comprometedoras.
Asimismo, mañana se cumplen nueve días de haber remecido a la opinión nacional la noticia sobre la contaminación de las aguas del río Santa, hecho que se ha producido por obra y gracia de la minería ilegal instalada en la zona de Pampas, provincia de Pallasca, igualmente sin que el gobierno regional haya pronunciado una sola palabra de condena por lo sucedido.
La cura de silencio por la que ha preferido optar el gobierno regional de Ancash frente a estas dos ingratas adversidades, es algo que no le hace ningún favor. Por el contrario, el hecho de seguir dando la espalda a la realidad y de pretender tapar la luz del sol con un dedo, alienta todo tipo de suspicacia y empeora los malos entendidos, afectando sobremanera la ya desprestigiada imagen de la actual gestión regional. Peor aún, cuando por segundo año consecutivo Ancash ocupa el primer lugar en casos de corrupción y al mismo tiempo el último lugar en ejecución presupuestal. Un record que los ancashinos no merecemos.
La ley de transparencia no solo aconseja, sino más bien exige a los funcionarios públicos, particularmente a los gobernadores y alcaldes, a dar cuenta de todos y cada uno de los actos que directa e indirectamente comprometen la labor de la institución. Como titulares de un pliego presupuestal, y del mismo modo como legítimos depositarios de autonomía política y administrativa, no basta que los alcaldes y gobernadores sean honrados, como en la antigua Roma. Tienen que demostrarlo.
Detrás de lo sucedido con el ex gerente de Chinecas y con la contaminación de las aguas del río Santa, abundan muchas cosas por aclarar, las mismas que por ningún motivo deben permanecer ocultas. Que un organismo público no sea transparente en una circunstancia como ésta, sería sin duda un llamado a la desconfianza precisamente en un momento crucial para el proyecto irrigador. Pues, mientras por un lado Pro Inversión ha iniciado la elaboración de un nuevo estudio de factibilidad para Chinecas, por otro lado una comisión conformada por el gobierno regional y el ministerio de Desarrollo Agrario, se encuentran llevando a cabo el saneamiento de las tierras del proyecto que se hallan en poder de invasores. Para seguir adelante y alcanzar sus metas, ambas gestiones necesitan de un recíproco y garantizado intercambio de total transparencia y confiabilidad.
Del mismo modo, sería absurdo aceptar que la Dirección Regional de Minería del gobierno regional haya desconocido, como afirma, la presencia de la minería ilegal en la zona donde ha tenido su origen la contaminación de las aguas del río Santa. Ese crimen contra el medio ambiente y la ecología, ya estaba anunciado desde mucho tiempo atrás.
Aún cuando cada día Ancash está más lejos de recuperar la confianza perdida, eso no sustrae su derecho a conocer la verdad. Nunca como en este trance, el gobierno regional está apercibido de salir a dar la cara, pues el que no la debe, no la teme. Haría mal en esperar que el tiempo y el olvido se encarguen de arreglar sus problemas. Ancash ya se cansó de soportar un gobierno incapaz, que además insiste en mantenerse ciego, sordo y mudo.