Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Arsenio Oré marca un hito significativo en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos fundamentales en Perú. Con esta decisión, todas las acusaciones del fiscal José Pérez dirigidas a los abogados implicados en delitos de obstrucción a la justicia se desmoronarán, revelando las falencias y el carácter arbitrario de las investigaciones que han manchado el sistema judicial.
El Tribunal ha sido claro al señalar que el fiscal actuó con un conocimiento previo del caso, lo que compromete su objetividad. La afirmación del Tribunal de que “los hechos de obstrucción que pretende investigar han sido cometidos en una investigación que está a su cargo” subraya la grave contradicción en la que se encuentra Pérez. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo; esta dualidad no solo pone en entredicho la validez de las acusaciones, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La inclusión de figuras como Keiko Fujimori en las acusaciones de obstrucción a la justicia también se verá afectada por esta falta de imparcialidad. La inacción del fiscal no puede ser vista como un acto de justicia, sino como un intento de manipular el proceso judicial para fines políticos. Este escenario deja a José Pérez y a su colega Rafael Vela fuera de juego, y el caso, que se inició de manera indebida y carecía de fundamentos sólidos, se desmoronará por completo, revelando su verdadera naturaleza: una vil persecución política.
La persecución política en Perú ha alcanzado a líderes de la oposición y ha sido perpetrada por un par de fiscales incompetentes que no han logrado demostrar su capacidad profesional, ni siquiera aprobando los exámenes requeridos para ascender en su jerarquía. Esta falta de competencia no solo es alarmante, sino que también refleja un uso indebido del poder judicial para perseguir a adversarios políticos, lo que es inaceptable en una democracia.
Como bien señala Oré Guardia, el caso “Cócteles” es inviable y carece de fundamentos sólidos. La falta de individualización de los implicados y la existencia de miles de testigos cuyos testimonios no están claramente relacionados con los delitos imputados evidencian las deficiencias del caso. Además, no puede haber lavado de dinero sin demostrar previamente la ilicitud de los fondos y la devolución del dinero entregado. Esta carencia de evidencia sólida pone aún más en duda la credibilidad de las acusaciones.
Es fundamental que el sistema judicial peruano reflexione sobre las implicaciones de estas decisiones y busque restablecer la confianza pública. La justicia no debe ser un instrumento de persecución política, sino un pilar fundamental de la democracia. La sentencia del Tribunal Constitucional no solo es un triunfo para Arsenio Oré, sino también un llamado a la responsabilidad y a la ética dentro de las instituciones judiciales. Solo a través de un compromiso genuino con la justicia y la verdad se podrá avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos los peruanos.