Para salvaguardar su integridad físico:
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal del Santa y Áncash consiguió que se ordenara el traslado de una interna de 28 años, quien habría sido víctima de tortura por parte de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El cambio de penal se realizó con el objetivo de salvaguardar su integridad física, ya que la interna se encontraba en la misma prisión donde fue agredida y recibía constantes amenazas.
El traslado se efectuó el 16 de julio y estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, quienes la condujeron a otro centro penitenciario en el país.
Esta medida fue adoptada para evitar que la víctima continúe expuesta a posibles represalias y agresiones por parte de sus presuntos agresores.
PRISIÓN PREVENTIVA
Actualmente, el caso está en manos del Poder Judicial, que debe determinar si la audiencia de prisión preventiva se llevará a cabo en la Corte Superior de Justicia de Áncash o en la ciudad de Lima.
La fiscal provincial Rocío Príncipe Ascencios, quien lidera la investigación, destacó que según el Estatuto de la Corte Superior de Justicia Especializada en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, el caso debería ser visto en Áncash, a menos que se trate de un proceso de implicancia nacional o internacional, o que implique una complejidad particular.
“El juez ha enviado el caso a Lima, pero se lo han devuelto para que subsane, y lo ha vuelto a reenviar, a pesar de que según el capítulo 2, artículo 6, inciso ‘C’ de dicho estatuto, solo deben ser derivados a la capital los casos de trascendencia nacional o internacional, o aquellos que den lugar a un proceso complejo”, señaló la fiscal Príncipe Ascencios.
Hasta el momento, la investigación apunta a nueve personas involucradas en este hecho, quienes están siendo procesadas por el delito de tortura agravada.