La pregunta del millón:
Imposible olvidarlo. El 2 de abril del 2023 se tuvo conocimiento de un grave atentado ecológico ocurrido en Chimbote, el mismo que repercutió en todo el país. Desde varios días antes, personal de un astillero que funciona en la zona industrial del 27 de Octubre, venía cubriendo con decenas de toneladas de desmonte una amplia zona que sirve de hábitat a la denominada batis marina, una especie de flora nativa que, a su vez, sirve de refugio y sustento a las aves migratorias y que se encuentra en la lista roja de especies en peligro de extinción.
Increíblemente, la zona afectada se encuentra dentro de los linderos de la Base Naval de Chimbote y, según se dijo por toda explicación, el propósito del atentado era la habilitación de una carretera que permita el traslado de embarcaciones en reparación, a través de los terrenos de este acantonamiento militar.
Al cabo de dos días, personal de la Fiscalía Ambiental con sede en Chimbote acudió al lugar de los hechos y ofreció no solamente llevar a cabo una exhaustiva investigación sino también proponer de acuerdo a ley una ejemplar sanción a quienes resulten responsables. Sin embargo, hasta hoy ha transcurrido un año cuatro meses sin que se conozca los resultados de la investigación, ni –que se sepa- se haya sancionado a ningún responsable.
Por otro lado y como ya es frecuente, los días 19, 20 y 21 de marzo del presente año se produjo un pavoroso incendio en los Humedales de Villa María que redujo a cenizas más de 100 hectáreas de flora y fauna silvestre. La magnitud del siniestro fue tal que hizo necesaria la presencia de un helicóptero de la Fuerza Aérea para que ayude a combatir el fuego.
Concluido el siniestro y una vez más utilizando el mismo lenguaje, el personal de la Fiscalía Ambiental redundó en su promesa de investigar y sancionar “en el más breve plazo” a quienes resulten responsables. Ya estamos a casi cinco meses de ocurrido el siniestro y hasta hoy los representantes del ministerio público no han vuelto a ocuparse del asunto para nada. Otro atentado ecológico al que se estaría echando tierra.
Finalmente, hoy 16 de agosto se cumplen diez días desde que explotó el caso de la contaminación que afecta las aguas del río Santa como resultado de los relaves que realiza la minería ilegal en la zona de Pampas, provincia de Pallasca, convertida últimamente en un nuevo paraíso de esta actividad.
Las alarmas con relación a esta acción criminal se conocen desde marzo del presente año. Prueba de ello es no solamente la advertencia hecha por el Frente de Defensa de los Pueblos de la ribera izquierda del río Marañón y un informe de Contraloría de fecha 11 de junio. También lo es la queja de algunos choferes de volquetes que son obligados a pagar un cupo al personal del puesto policial de Chuquicara para que se les permita llegar a su destino, sin importar la legalidad ni la procedencia del mineral.
Para nadie es un secreto que muchas de las minas que existen en ese lugar y que aparecen como “abandonadas”, están más activas que nunca. Sino ¿de dónde salen los relaves que han contaminado el río Santa y el mineral que transportan los volquetes?.
Hasta donde se ha podido conocer, la provincia de Pallasca se encontraría dentro de la jurisdicción de la Fiscalía del Santa, lo que nos lleva a pregustar ¿qué es lo que ha hecho esta dependencia pública en materia de prevención del delito y qué es lo que está haciendo para sancionar a los responsables?. ¿Se repetirá lo sucedido con los humedales de Villa María?.