Editorial

¿Qué pasa en la Corte?

El pasado miércoles 15, el ingeniero Mauricio Villanueva Escobar, litigante ante el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, se apersonó a esta instancia judicial para averiguar la situación  de su expediente número 01529 que desde el año 2014 permanece en la congeladora sin conocerse desde entonces  ningún resultado al respecto. Pero cuando el litigante esperaba una respuesta esperanzadora, o amable por lo menos,  grande fue su sorpresa cuando la persona encargada de atenderlo  se limitó a  responderle “su expediente está extraviado” y, fiel al estilo de nuestros burócratas, siguió atendiendo sus labores sin dar mayores  explicaciones.

Pero la mayor sorpresa, no solo para el litigante sino para la opinión pública en general, se conoció el lunes 19 cuando dos magistrados de la Corte, encargados del caso seguido por el ingeniero Mauricio Escobar, dieron a conocer muy sonrientes que el expediente había reaparecido,  con el mismo arte de magia con el que se “perdió”. Con una sonrisa que no pueden  disimular, viejos abogados refieren que la “pérdida” de expedientes en su traslado de un juzgado a otro, no es ninguna novedad. Viene de muchos años  atrás.   Cuando la única manera de archivarlos era atándolos o cociéndoles con pabilo,  la mejor forma de desaparecer un expediente era  prendiéndole  fuego en alguna playa lejana, por supuesto,  ante la vista del interesado. Hoy con el internet es más difícil que esto pueda suceder.

Que el expediente 01529 haya permanecido congelado o “extraviado” desde el año 2014, dice mucho de la falta de calidad y voluntad para administrar justicia que es ampliamente notoria en todos los niveles del sistema judicial. ¿Algún juez será sancionado por el caso de este expediente?. Así como están las cosas,  solo nos queda dudar.

Otra de las malas noticias que han salido de la Corte Superior de Justicia del Santa es la denuncia de otra serie de irregularidades  que se han producido en el último concurso de méritos para la contratación de personal.  Con la ayuda de documentos probatorios, los denunciantes han dicho que los miembros del jurado calificador no poseen el perfil que se requiere para desempeñar esta función. Muchos de los postulantes que han resultado ganadores, tienen vínculos de familiaridad y hasta de afinidad sentimental con los miembros del jurado. Siendo así, cualquier gana.

Por otra parte, ha transcurrido ya varios meses desde que un numeroso grupo de trabadores de la Corte, entre los que se hallarían algunos magistrados,  fueron sorprendidos  en el preciso momento en el que tomaban “posesión” de lotes de vivienda en la zona denominada Villa Universitaria. Nada de extraño tendría esta toma de posesión si no fuera porque el terreno en mención está inscrito en registros públicos a nombre del proyecto especial Chinecas. Es propiedad privada. Peor aun cuando en su defensa, los trabajadores judiciales  argumentaron que el terreno era una “donación” hecha por la Comunidad de indígenas de Chimbote y Coishco, una institución ampliamente conocida por estar dedicada exclusivamente al tráfico de tierras de propiedad del estado. Pese al tiempo transcurrido, hasta hoy no se ha proporcionado ninguna explicación sobre el particular.

El martes de la presente semana, un día después de conocerse la “reaparición” del expediente 01529-2014, se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia del Santa, según se afirma, “para tomar acuerdos orientados a mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la institución, así como fortalecer la gestión de jueces titulares en el distrito judicial”. No obstante ser un ofrecimiento que ya lo sabemos de memoria,  solo nos queda esperar que no  sea otro saludo a la bandera.