Marzo del 2012. La Autoridad Local del Agua (ALA) Huarmey-Chicama, cuya sede funciona en el distrito de Nuevo Chimbote, impuso una multa de 4 UIT a la empresa minera Dinacorp Exploraciones Perú S.A, que en ese entonces operaba en la zona de Pampas, provincia de Pallasca. El motivo fue la utilización de aguas superficiales en el relave de minerales y verter este líquido directamente al río Plata que, como se sabe, es uno de los tributarios del río Tablachaca el mismo que, a su vez, desemboca en el río Santa.
La sanción fue oficializada con la resolución N° 225-2012, lo que quiere decir que hace doce años ya se tenía conocimiento oficial y documentado, no solo de la presencia de la minería ilegal en esta parte de la región Ancash sino también de la contaminación que esta actividad había empezado a generar contra el ecosistema y el medioambiente. La voz de alerta estaba dada, la guerra estaba avisada.
Pero ahí no quedó todo. Dos años después, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ratificó en última instancia la sanción con Resolución N° 478-2014. Con esta decisión, el caso quedaba cerrado, debiendo por tanto Dinacorp Exploraciones Perú S.A. proceder de la misma manera: cerrar sus puertas y marcharse con sus chivas a otra parte.
Pero no fue así. Dinacorp Exploraciones Perú S.A. no se dio por vencida y acudió a una artimaña que es bastante conocida pero que sigue dando buenos resultados. Cambió de razón social y se convirtió en Minera Tungteno Perú S. A. con lo que consiguió seguir operando, pero esta vez desde los socavones de la ilegalidad. Se puede decir por eso que, a partir de ese momento, el problema de explotación ilegal por el que optó dicha compañía minera quedaba en manos de la Dirección Regional de Minería del gobierno regional de Ancash y del Ministerio del Ambiente, encargados de hacer cumplir la sanción y no permitir que la mina continúe operando en esas condiciones. Para eso, ambas dependencias cuentan con todas las herramientas técnicas y legales para proceder de oficio al cierre de la minas, pero aún así no lo hicieron.
Esta omisión de funciones fue una invitación para que otros yacimientos mineros de la zona que se encontraban en la misa situación y teóricamente “cerrados”, también cambien de razón social y sigan operando como si nada hubiera pasado. Otro paraíso de la minería ilegal empezaba a florecer.
Que se sepa, en los últimos doce años ni el ANA ni el ALA se han vuelto a ocupar del asunto. Y lo propio han hecho los encargados de la Dirección Regional de Minería y del Ministerio del Ambiente, que hasta hoy se han encerrado en el más absoluto silencio. Nadie ha visto nada. Ha tenido que suceder lo que ya sucedió para que recién se escuchen las alarmas, aunque de uno y otro lado todos quieren lavarse las manos y hacerse los desentendidos.
La conclusión es una sola: para que los fluidos de la minería ilegal hayan inundado las aguas de los ríos Plata, Tablachaca y Santa no ha sido necesario que los autores directos e indirectos del daño muevan una sola mano. Basta que con su indiferencia, hayan dejado el caño abierto.