Da la impresión que no:
Este fin de semana cumplirá un mes del escándalo de corrupción que sacudió al proyecto especial Chinecas con la captura en flagrancia de su ex gerente general, Camilo Carranza Lecca, en el momento de recibir una coima proveniente de la empresa contratista Krausen, que el ex funcionario regional habría exigido a cambio de acelerar el pago de valorizaciones por concepto de avance de obra.
Ayer también se han cumplido veinte días desde que se conoció en todo el país la criminal contaminación de los ríos Plata, Tablachaca y Santa producida por la minería ilegal que ahora tiene como nuevo paraíso la zona de Pampas y Pasto Bueno en la provincia de Pallasca. Por efecto multiplicador, este atentado ha puesto en gravísimo peligro no solo el consumo humano directo sino también el riego agrícola y por añadidura la actividad pecuaria.
Por último, el viernes pasado se pudo conocer, con lujo de detalles, que la Autoridad Administrativa del Agua, adscrita al ministerio de Desarrollo Agrario, ha autorizado a uno de los invasores del proyecto especial Chinecas a construir un puente bayllie sobre el canal principal La Huaca-Nepeña. Con el otorgamiento de una resolución de por medio, esta usurpación de funciones concede al referido ocupante ilegal el status de “administrado”, lo que equivale a una carta libre para que siga ocupando las tierras y sustrayendo agua del canal, sin pagar a cambio un mísero sol al estado. Semejante despropósito se da en el preciso momento en que se viene llevando a cabo el proceso de saneamiento físico y legal de las tierras de Chinecas con miras a la elaboración de un nuevo estudio de factibilidad. Después de lo sucedido, no se sabe en qué situación quedará el mencionado proceso.
Pero tanto o más grave que las repercusiones que encierran estos tres escándalos de gestión pública, es el hecho que hasta hoy el Gobierno Regional de Ancash no haya hecho un solo deslinde acerca de ellos y, peor aún, que el gobernador Fabián Koki Noriega, quien lo personifica, no haya pronunciado una sala palabra al respecto.
El pueblo ancashino quiere saber, y con todo derecho, qué es lo que hay detrás del sonado caso Krausen, empresa que en diciembre del año pasado recibió un adelanto de 1.6 millones de soles para la ejecución de una obra reconstrucción del canal principal afectado por los huaycos originados por las lluvias del Ciclón Yaku. También quiere saber por qué el gobierno regional de Ancash permite que otros organismos, como la Autoridad del Agua, avasallen e invadan las atribuciones de Chinecas y, como Pedro en su casa, tomen decisiones sin su autorización. Asimismo, Ancash quiere saber, de labios del gobierno regional, cuál es exactamente la magnitud del daño que ha ocasionado la minería ilegal en perjuicio de los ríos Plata, Tablachaca y Santa y qué medidas se van a adoptar para que este daño no cause estragos en la población.
La falta de un pronunciamiento oficial sobre estos tres temas, dice mucho de la falta de capacidad que existe en este momento al interior del gobierno regional de Ancash, pues el que calla otorga. Y no solamente eso. El principio de autoridad brilla por su ausencia. Igual que en Chinecas, en todos los niveles y en todas las dependencias del ente regional, cualquier funcionario hace lo que quiere. Todos juegan su propio partido.
De ahí que, ante la pregunta si existe o no un gobierno regional, que gestione desarrollo y que imponga autoridad, la respuesta es: no. En todo caso, lo que existe es una élite de oportunistas, que se valen del aparato gubernamental para satisfacer intereses personales y nada más. Si tuviéramos un gobierno regional que se precie de íntegro, honesto y eficiente, otra seria la situación de Ancash.