HOSPITAL DE HUARMEY
Cuando se ejecutan obras por impuestos, existen seguimientos rigurosos, no solo por parte de Pro Inversión, sino también del propio Ministerio de Economía y Finanzas, pues las empresas que financian las obras, buscan el otorgamiento de los Certificados de inversión Pública Regional o Local (CIPRL), porque la inversión que han realizado se descuenta de los futuros impuestos con la emisión de esos certificados. Es más, en las mismas páginas oficiales de las entidades del Estado, las normativas donde se fundamenta esta modalidad de inversión, lo explican claramente porque según señalan, el proyecto se concreta en forma rápida y eficiente, pues coinciden en el trabajo el sector público y el privado. Si agregamos los permanentes controles por parte de la Contraloría General de la República, entonces, se deduce que estas obras no tienen por qué fallar. Ocurre que, precisamente a través del Órgano de Control hemos conocido que existen determinadas obras que se ejecutan bajo esta modalidad, pero que tienen enormes retrasos como sucede con el hospital de Huarmey, que debió terminarse en abril del 2023 y que han pasado quince meses y hasta hoy eso no sucede. Si analizamos los hechos, en este caso, del hospital huarmeyano, creemos que se trata del ejecutor, no del financista, es decir, el MINSA; cuyo brazo operativo es el PRONIS. Ahí está el problema. El PRONIS es una entidad llena de problemas, ineficiente, demostrado en la construcción del hospital El Progreso. En esta entidad no están los profesionales idóneos que lleven adelante el seguimiento de las obras y, generalmente, los contratos que firman son desventajosos. Aquí, por ejemplo, el convenio de inversión realizado con Antamina ha pedido ser modificado hasta en cuatro oportunidades y las cuatro han sido rechazadas, es decir, hay conflictos y, ese conflicto no ha sido solucionado. Ahí está el origen de ese retraso al terminar la obra que tiene ya quince meses.
ALCALDE DE SANTA
“No tenemos miedo a esos lobos disfrazados de ovejas”. Son palabras textuales del alcalde de Santa, Alex Motta Borja. Él se ha dirigido a un grupo de personas que utilizan las redes sociales para criticar y extorsionar y, hace referencia a personas que son rezagos del terrorismo de los años 80 y 90. Son gente que solo generan discordia, el pueblo los conoce porque tienen esa actitud desde hace muchísimos años e incluso, hizo mención al fallecimiento del sacerdote italiano Sandro Dordi en aquella época. Creemos que la PNP debe tomar en cuenta las palabras del alcalde santeño. No sabemos si exagera o señala directamente la verdad, pero es importante manifestar que es la primera vez que él participa en política y siendo la primera vez que participa, él logra la alcaldía de Santa, es decir, antes no estuvo en política ni conoce el trato y el actuar de los políticos hoy en día. El asunto que la denuncia es delicada, pero también debemos señalar que, en estos momentos, existen pugnas al interior de la comuna santeña, pues hay un enfrentamiento con una regidora y ese enfrentamiento está llevando a serias divergencias que se generan por obras que se están haciendo y que, según los denunciantes, no se están haciendo correctamente. El asunto es que Motta afronta una serie de circunstancias difíciles y por eso ha salido con la pierna en alto, tocando un tema que es muy delicado.
MOVIMIENTOS EN CORTE
En los últimos días del mes de agosto, se ha conocido informaciones proporcionadas por la Corte de Justicia del Santa sobre una serie de disposiciones respecto a los Juzgados de Paz Letrados Mixtos de Chimbote y Nuevo Chimbote, que los están convirtiendo en Juzgados de Paz Permanentes y que lógicamente van a permitir mejorar en su atención al público por la ampliación que le están otorgando en el rubro penal. Lo importante será que se cumplan los objetivos, la eficiente atención a los usuarios y evitar la acumulación de expedientes, que es un cáncer que el Poder Judicial no puede controlar. La otra información está referida a los expedientes de Guadalupito, como es de conocimiento público, por decisión del Poder Judicial y pedido de los pobladores, Guadalupito dejó de pertenecer a la Corte Superior de Justicia de La Libertad y pasó a ser incluida a la Corte Superior de Justicia del Santa. La Corte ha informado que, los expedientes de los usuarios justiciables de Guadalupito que se encontraban en los Juzgados y en las salas superiores de La Libertad, han sido trasladados a sus padres de la Corte del Santa. Por lo tanto, los expedientes han sido designados en sus respectivos juzgados y salas y los interesados ya no tienen por qué estar siguiendo sus casos en Trujillo, sino aquí en nuestra ciudad.