Una cuestión de roles
Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La investigación previa de delitos es un tema que varía significativamente entre América y Europa, reflejando diferentes enfoques en la dirección y ejecución de las investigaciones penales.
En muchos países de América Latina, la policía es la principal responsable de la investigación de delitos. Este modelo se basa en la idea de que las fuerzas policiales tienen la capacitación y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones iniciales.
En Estados Unidos, la investigación de delitos es principalmente responsabilidad de las fuerzas policiales, como el FBI y las policías locales. Estas agencias tienen amplias competencias para investigar una variedad de delitos, desde delitos menores hasta crímenes federales.
La policía estadounidense actúa de manera independiente en la mayoría de los casos, aunque los fiscales pueden influir al proporcionar asesoramiento legal y decidir si se presentan cargos. Este modelo permite una rápida reacción ante el crimen.
El sistema estadounidense se caracteriza por un enfoque más punitivo, con altas tasas de encarcelamiento y una fuerte dependencia de la policía para la prevención y control del crimen.
En Europa, el modelo tiende a ser más variado, pero en general, la fiscalía juega un papel más central en las investigaciones penales. En países como Alemania y Francia, los fiscales tienen la autoridad para supervisar y coordinar las acciones de la policía. Este enfoque busca garantizar que las investigaciones se realicen de manera justa y eficiente, manteniendo un equilibrio entre la persecución del delito y la protección de los derechos de los individuos.
En el sistema de justicia penal europeo, la fiscalía no solo actúa como un órgano acusador, sino que también tiene la responsabilidad de asegurar que se sigan los procedimientos legales adecuados durante la investigación. Este enfrenta críticas relacionadas con la burocratización y la lentitud en los procesos judiciales.
Las diferencias en la investigación de delitos entre Estados Unidos y Europa se basan en modelos estructurales y filosóficos distintos. Mientras que Estados Unidos tiende a confiar en la policía como la principal entidad investigadora, Europa favorece un modelo donde la fiscalía juega un papel central en la supervisión y dirección de las investigaciones.
Mientras que en América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica la tendencia ha sido hacia un modelo donde la policía tiene un papel predominante, en Europa se observa un enfoque más integrado donde la fiscalía asume un rol de coordinación y supervisión en las investigaciones policiales. Esta diferencia resalta la necesidad de considerar los contextos locales al evaluar la efectividad y la justicia de los sistemas penales en ambas regiones.
Estas diferencias no solo afectan la eficacia de la justicia penal, sino que también reflejan las prioridades culturales y sociales de cada región en cuanto a la seguridad y los derechos humanos.
En Perú, durante décadas, la dirección de la investigación preliminar de delitos estuvo a cargo de áreas especializadas de la Policía Nacional. Sin embargo, este modelo sufrió un cambio radical al transferir la dirección de la investigación policial a la Fiscalía. Como resultado, la policía pasó a convertirse en un órgano subordinado a la Fiscalía.
Este cambio no solo desnaturalizó la función de la investigación policial, sino que también la volvió más lenta e ineficiente, facilitando la instrumentalización de la policía para fines oscuros, como la persecución política por parte de fiscales corruptos. Es fundamental que la investigación policial sea integral, lo que implica la colaboración de la policía y la fiscalía, pero con roles bien definidos y complementarios. La solución radica en asignar competencias específicas a cada entidad.
La policía debe encargarse de “dirigir” la investigación preliminar, mientras que la fiscalía debe “coordinar” y proporcionar “asesoría legal” durante el proceso. Esto es esencial para garantizar que se respeten los derechos humanos de los investigados y para facilitar el papel de la fiscalía como acusador ante el Poder Judicial. Es importante aclarar que la asesoría proporcionada por la fiscalía debe ser de naturaleza “legal” y “no operativa” en relación con la investigación policial, ya que no debe corresponderle dirigir dicha investigación.