Contaminación:
Como si prácticamente estuviera descubriendo la pólvora, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, ha dicho con total desparpajo que la declaratoria de emergencia solicitada para la provincia del Santa de ninguna manera va a solucionar la contaminación de los ríos Plata, Tablachaca y Santa, ocasionada por las actividades sin control de la minería ilegal que desde hace diez años campea en la provincia de Pallasca.
La declaratoria de emergencia, como todo el mundo lo sabe, es una respuesta para contrarrestar el impacto y las secuelas que esta acción criminal representa no solo para la salud de la población, sino también para la actividad agrícola, el medioambiente y la ecología. La solución del problema, por tanto, no está en la declaratoria de emergencia sino en la aplicación de las normas que regulan la actividad minera. Para que todo sea correcto, el mal tiene que atacarse antes y no después.
La pregunta es entonces: en diez años de minería ilegal ¿qué han hecho para evitar este mal los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, lo mismo que sus instancias especializadas llámense Dirección Regional de Minería de Ancash y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA?.
Pero, como para restar toda importancia al problema, el ministro Castro Vargas, no entendemos porque razón, ha dicho que ”ese tipo de declaratorias (la emergencia) es para eventos únicos como derrame de petróleo o cuando los problemas son mayores y llevan décadas”, es decir cuando el muerto ya está enterrado. Suponemos que debe ser esa la razón por la que hasta hoy el ministro Castro Vargas no ha expresado una sola palabra de condena contra esta actividad ilegal. Hay que buscar culpables en otra parte.
Tal vez eso explique entonces porque dos días después de conocerse la contaminación de los ríos Plata, Tablachaca y Santa, y cuando todo el mundo esperaba que el ministro Castro Vargas acuda a constatar el daño en la zona afectada por los relaves mineros, éste resultó aterrizando en Trujillo.
De otro lado, como para colocar la cereza en la torta, el director regional de Energía y Minas de Ancash, Ricardo Castillejo, anunció a los cuatro vientos una visita de inspección para el día 27 de agosto a la zona donde se originó el derrame de relaves mineros. Como quiera que el anuncio se hizo con la debida anticipación, el día de la inspección los mineros ilegales brillaron por su ausencia.
A todo esto, aunque sin volver a tocar el tema de la emergencia ambiental, el ministro Castro Vargas ha anunciado que recién la próxima semana sostendrá una reunión para tratar el tema con representantes del ministerio de Energía y Minas y de la Autoridad Nacional del Agua. En el marco de esta vía crucis, la declaratoria de emergencia también debería incluir a la gestión pública.
Cosas como éstas, están dejando en la población de Chimbote un sabor amargo. A ese paso, el insignificante 4% de aprobación que aún le queda al gobierno de Dina Boluarte es posible que en cualquier momento se convierta en -4% y así sucesivamente. El hecho que funcionarios públicos de todos los niveles, saquen el cuerpo a los problemas y se laven las manos con los relaves de la minería ilegal, es lo último que se puede esperar.