POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
A fines de junio, en entrevista televisiva le preguntaron al presidente argentino, Javier Milei, si se disculparía con Lula Da Silva por haberlo llamado corrupto, a lo que este respondió que no, toda vez que el mandatario brasileño fue sentenciado por corrupción, dejando perplejo a su interlocutor. Esta gráfica describe a plenitud la realidad que vivimos en gran parte del orbe.
El penúltimo día de mayo, Pedro Sánchez aprobó la polémica ley de amnistía que beneficiará a políticos y ciudadanos implicados en el procés; no obstante, en nuestro país aún hoy sigue recordándose con cierto rencor por parte de la caviarada la amnistía que aprobó el Congreso de la República en 1995. Asimismo, en dicho reino, el Ejecutivo socialista anunció un mes y medio después las “claves del Plan de Acción por la Democracia”, en las que supuestamente tratará de hacer frente a la desinformación e injerencia de agentes externos; es decir, controlar la información que circula en las redes sociales. En buen romance, en adelante el gobierno les dirá a los ibéricos que escuchar o leer, y que no; sin embargo, en el Perú, cierto sector de la prensa, aplaudido por la progresía, se queja que la Jefe de Estado no declara al periodismo, esquivando las preguntas de los reporteros apostados en algún evento en el que asista doña Dina Boluarte.
Igualmente, somos críticos del encarcelamiento, y posterior deportación, de párrocos, aunado al cierre de iglesias católicas, en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, pero callamos cuando el “demócrata” Zelenski decidió prohibir los vínculos de las organizaciones religiosas con la iglesia ortodoxa rusa, decisión que conllevó al pronunciamiento en contra -y en solitario- del Papa Francisco. O ante los severos reproches a los presuntos hackers norcoreanos responsables del robo de miles de historias clínicas de pacientes hospitalarios en los EEUU, además de pretender apropiarse de secretos nucleares y militares, aunque mantenemos silencio ante la reveladora noticia del CEO de Facebook (hoy META), Mark Zuckerberg, al declarar que en el 2021, altos funcionarios norteamericanos lo presionaron insistentemente “para que censuraran ciertos contenidos relacionados con el covid-19”.
Aquí, la historia muestra ciertas similitudes. Pasamos por alto la agresión verbal sufrida por la Congresista María Agüero durante la última semana de representación en la ciudad de Arequipa, pretextándose que 3 años antes Agüero Gutiérrez menospreció a los alumnos de un centro educativo de la Ciudad Blanca. Tiempo atrás, hicieron lo mismo con la Parlamentaria Patricia Chirinos al acudir acompañada de un colega suyo a un conocido bar barranquino, siendo blanco de vejámenes, incluyendo el arrojo de un vaso que por poco atenta contra su integridad física. De esto último, hubo quienes disculparon este desmesurado accionar, aduciendo que fue ella quien lo provocó al asistir a esa hora (de madrugada) a este establecimiento comercial. Casi, casi, como cuando una dama es denostada en la calle, y terminan achacándole responsabilidad por estar vestida con minifalda. O, en el caso de la señora Boluarte Zegarra al ser insultada a viva voz en pleno ingreso a la Parada Militar por parte de un impresentable, y ella, como era de esperar, respondió enérgicamente. Lejos de cuestionar la ofensa recibida, hay quienes se enfocaron en las palabras de la Presidente.
Todas estas actuaciones, dentro como fuera del territorio patrio, no solo debieran ser condenables, sino hasta penadas. Pero, como ha sostenido el célebre actor Antonio Banderas “con lo políticamente incorrecto hemos llegado a una forma de autocensura”.
Por lo tanto, mientras sigamos eximiendo o normalizando ciertas conductas que a luces merecen más que un vituperio, poco o nada avanzaremos como una sociedad que aspira a convertirse en un país altamente desarrollado.