Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La reciente decisión de la presidenta Dina Boluarte de retirar del Gabinete a Javier González-Olaechea, uno de sus ministros más destacados en Relaciones Exteriores, ha desatado una ola de controversia y ha abierto un debate crucial sobre el futuro de su administración. Este movimiento, aparentemente impulsado por la presión de organismos internacionales y ONGs, podría resultar un error político de graves consecuencias para la ya deteriorada imagen de la mandataria.
La renuncia de González-Olaechea, presentada apenas 15 minutos antes de la juramentación de nuevos ministros, plantea serias interrogantes sobre la gestión interna del gobierno. ¿Acaso no se le comunicó adecuadamente sobre este cambio ministerial tan abrupto? Este episodio no solo refleja una alarmante falta de comunicación, sino que también pone de manifiesto la fragilidad del liderazgo de Boluarte en un contexto político cada vez más desafiante.
La salida de un ministro con un perfil académico y político sólido como González-Olaechea podría debilitar aún más la posición de la presidente ante la ciudadanía y los actores internacionales. En un momento en que la confianza en las instituciones es crítica, este movimiento podría interpretarse como una señal de inestabilidad y falta de dirección en la política exterior del país.
Las primeras declaraciones del nuevo ministro, Elmer Schialer Salcedo, al afirmar que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”, contrastan marcadamente con la postura más activa y comprometida que había adoptado el Perú bajo la gestión de González-Olaechea. Este cambio radical podría ser visto como una tibieza frente a un problema que ha trascendido fronteras y se ha convertido en una crisis regional que exige una respuesta firme y coordinada.
Además, la decisión de Boluarte de alinearse con posiciones más moderadas puede tener raíces en su vinculación con el Grupo de Puebla, que incluye a figuras de izquierda de la región, como los presidentes de Venezuela y Brasil. Esta conexión podría influir en su política exterior, pero también podría alienar a sectores conservadores y de centro derecha que han estado trabajando para evitar otra crisis política en el país, con la posición de los más duros opositores al Gobierno de Boluarte. Estos grupos han estado dispuestos a soportar el costo político de proteger la institución presidencial, más no necesariamente a la persona que actualmente representa a la Nación.
La capacidad de Boluarte para consolidar su gobierno y recuperar la confianza de la población está en juego, y esta decisión podría ser un paso en la dirección equivocada. La percepción de que la presidenta cede ante presiones externas podría erosionar aún más su legitimidad y autoridad, justo cuando más necesita mostrar firmeza y liderazgo.
La abrupta salida de González-Olaechea, sin una explicación convincente, genera más preguntas que respuestas. La presidenta debe ser capaz de articular una narrativa coherente que justifique este cambio ministerial y que demuestre que se trata de una decisión estratégica, no de una concesión a intereses externos.
En un momento tan delicado para el país, la presidenta necesita consolidar su liderazgo y promover la unidad dentro y fuera de su gobierno. La salida de González-Olaechea podría enviar un mensaje equivocado a sus propios ministros y aliados políticos, generando incertidumbre y desconfianza. Es fundamental que Boluarte demuestre que tiene una visión clara para el país y que es capaz de tomar decisiones firmes en pro del interés nacional, sin dejarse intimidar por presiones externas.
La decisión de retirar a Javier González-Olaechea del Gabinete es un movimiento arriesgado que podría tener consecuencias imprevistas para su gobierno. Si bien es importante que la presidenta demuestre capacidad de maniobra y adaptación a un entorno cambiante, también debe cuidar de no dar la impresión de que cede ante presiones externas. La designación en la cartera de Vivienda y Construcción de un personaje vinculado a Pedro Castillo y que está siendo investigado por la Fiscalía, es como la cereza sobre el pastel de decisiones cuestionables.
En conclusión, la decisión de Boluarte no es solo un cambio ministerial; es un reflejo de su limitada capacidad para liderar en tiempos de crisis. La forma en que maneje esta situación será crucial no solo para su gobierno, sino también para el futuro de la democracia en Perú. La presidenta tiene la oportunidad de demostrar que puede ser una líder fuerte y decidida, capaz de enfrentar las presiones internas y externas, y de guiar al país hacia un camino de estabilidad y progreso.