Ordenan nuevo juicio para su ex mujer:
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa confirmó la condena de cinco años de prisión efectiva para el empresario Héctor Ernesto Servat Chocano, acusado de los delitos de estafa agravada y contra la fe pública en agravio de Leoncio Romero Ponte, Bogumila Bastusiak de Romero, Ninel Romero Bartusiak y el Estado. Además, se ordenó su captura, ya que el empresario se encuentra prófugo.
El caso se remonta a agosto de 2017, cuando Servat Chocano y su esposa, Ileana Cecilia Cisneros Huemura, firmaron un contrato de compra-venta de una vivienda en la urbanización Casuarinas, segunda etapa, por un monto de 190 mil soles, con los propietarios Leoncio Romero Ponte y Bogumila Bastusiak.
La operación se realizó como garantía de un préstamo a Ninel Romero Bartusiak, hija de los vendedores, bajo el acuerdo de que al devolver el dinero, el contrato quedaría sin efecto.
El 24 de octubre de 2017, Romero Bartusiak devolvió el dinero a Servat, quien acudió a la Notaría Magán, cobró un cheque de gerencia por 240 mil dólares, pero no anuló el contrato de compra-venta como estaba pactado.
Posteriormente, Servat bloqueó el registro del inmueble e inscribió la compra-venta en los Registros Públicos a través de una notaría en Casma, evitando la recuperación del bien.
En primera instancia, el Primer Juzgado Penal Unipersonal sentenció a Servat a cinco años de prisión y a su coimputado, Rafael Gerardo Villareal Romero, a 4 años y 8 meses de pena efectiva. Cisneros Huemura fue absuelta.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones ratificó la condena de Servat Chocano y ordenó su búsqueda y captura. Asimismo, revocó la absolución de Cisneros Huemura, disponiendo un nuevo juicio oral en su contra.
En cuanto a Villareal Romero, la Sala modificó su pena efectiva a 4 años de prisión suspendida por 3 años, bajo reglas de conducta.
Además, se redujo el monto de la reparación civil, fijado inicialmente en 100 mil dólares, a 350 mil soles, que los sentenciados Servat Chocano y Villareal Romero deberán pagar de forma solidaria a los agraviados.