Se aprovechó del COVID-19:
La Primera Sala Penal de Apelaciones declaró infundada la apelación presentada por María Angélica Abad Granados, quien fue condenada por apropiarse del bono familiar universal que correspondía a una ama de casa.
Abad Granados fue sentenciada a cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida por cuatro años, bajo reglas de conducta.
Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2020, durante la pandemia, cuando la agraviada acudió al Banco de la Nación en Nuevo Chimbote para averiguar si era beneficiaria del bono otorgado por el gobierno peruano.
Ese mismo día, Abad Granados, mediante engaños, utilizó los datos y el DNI de la agraviada para afiliar su propio número de celular a la entidad bancaria. Dos días después, el 24 de diciembre, retiró los 760 soles del bono.
Al descubrir que el dinero había sido retirado por otra persona, la afectada denunció el hecho.
En primera instancia, el Primer Juzgado Penal Unipersonal halló culpable a Abad Granados, quien intentó apelar la decisión argumentando que no había grabaciones que la identificaran como la responsable y que en la fecha del retiro se encontraba en Lima.
Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena y ratificó el pago de una reparación civil de 2 mil soles, además de una multa de 620 soles en favor de la agraviada.